Contraloría propone revocar millonaria sanción contra Gustavo Petro y cerrar un caso que marcó su carrera política

El caso que involucra al presidente Gustavo Petro por una sanción fiscal de $40.545 millones de pesos, impuesta en 2017 por decisiones tomadas durante su alcaldía en Bogotá, podría dar un giro. La Contraloría de Bogotá elevó una propuesta que busca revocar la sanción y cerrar este complejo proceso judicial, marcando un momento clave en una disputa que lleva años en los tribunales y que generó amplio debate en la opinión pública.

La sanción se originó por la compra de maquinaria destinada a la recolección de basuras, una adquisición que la Contraloría calificó como “sobredimensionada y/o innecesaria”. Según el fallo original, la compra incluyó vehículos especializados que, para los organismos de control, no eran indispensables para el cambio del modelo de basuras en la capital. Esta decisión, adoptada en 2012 como parte de una política ambiental promovida por Gustavo Petro, también involucró al entonces gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, Diego Fernando Bravo, que fue condenado solidariamente junto con el hoy presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El Comité de Conciliación de la Contraloría, que aprobó la propuesta el 28 de noviembre de 2024, basó su posición en precedentes judiciales. Uno de ellos es el fallo del magistrado Óscar Armando Dimaté, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló en septiembre de 2024 la sanción fiscal contra Bravo, argumentando errores en la aplicación de la normativa que regula los procesos de responsabilidad fiscal.

En su decisión, Dimaté argumentó que la Contraloría aplicó normativas incorrectas al momento de imponer la sanción, lo que afectó la calificación de la culpa. El tribunal señaló específicamente que se utilizó la Ley 678 de 2001 en lugar de las leyes que regulan los procesos de responsabilidad fiscal, lo que constituye un error sustancial.

El apoderado de la Contraloría, Gabriel Hernández, destacó que este fallo fue determinante: ”La razón más importante del porqué la sentencia dictada en el caso del señor Diego Fernando Bravo Borda influyó en la decisión del Comité de Conciliación, es porque en ella se hace un análisis de la aplicación indebida de las presunciones de culpa grave y dolo (...). Consideramos que la mencionada sentencia constituye, evidentemente, un antecedente para la decisión que tomará el despacho en el caso del doctor Petro Urrego”.

La propuesta también incluye una solicitud al presidente Petro para que renuncie a la indemnización de $250 millones de pesos que reclama desde 2019, como parte de una demanda para anular la sanción fiscal. Según el Comité, no se demostraron adecuadamente los daños morales alegados por el mandatario.

“El doctor Gustavo Francisco Petro Urrego no acreditó probatoriamente los perjuicios morales reclamados para justificar el valor tasado en la demanda, y más bien lo equiparó al supuesto perjuicio material, lo cual no da muestra de una aflicción, dolor o angustia”, se lee en el documento conocido por El Tiempo. Según el análisis del Comité de Conciliación de la Contraloría, las pruebas presentadas por el mandatario no fueron suficientes para demostrar el daño emocional o psicológico que alegó, lo que debilitó la base de su solicitud de indemnización.

Además, cualquier revocatoria de la sanción excluye el reconocimiento de costos adicionales, tal como lo señala el documento: “No habrá lugar a ningún tipo de reconocimiento económico a título de restablecimiento del derecho ni a la indemnización de perjuicios patrimoniales o extrapatrimoniales, ni al reconocimiento de costas procesales”. Esta determinación busca garantizar que el proceso no genere obligaciones fiscales adicionales para la entidad ni para el Estado.

La resolución final sobre este caso está ahora en manos del magistrado César Giovanny Chaparro, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá tomar una decisión de fondo sobre la demanda presentada por Petro. De aceptarse la propuesta de la Contraloría, no solo se pondría fin a un capítulo judicial que acompaña al presidente desde hace años, también se establecería un precedente clave para otros procesos de responsabilidad fiscal en el futuro.