El anuncio del Ministerio de Salud y Protección Social, que confirma un aumento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, provocó una serie de reacciones contradictorias que reflejan la creciente preocupación del sector salud. Este ajuste, calculado con base en la inflación acumulada hasta noviembre de 2024, se presenta como una respuesta a las dificultades financieras y operativas del sistema, pero al mismo tiempo, fue duramente criticado por varios actores del sector, que lo consideran insuficiente para cubrir las crecientes necesidades del sistema de salud.
La UPC es la cantidad que el Estado asigna a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para financiar la atención de cada usuario afiliado al sistema; sin embargo, los gremios de la salud y los pacientes han mostrado su descontento ante la cifra anunciada, que se aleja de las expectativas de un incremento más sustancial, que había sido solicitado por organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y diversas sociedades científicas.
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Los gremios habían solicitado un ajuste del 16,4%, cifra que, según su argumento, resultaría más acorde con los costos operativos actuales y la necesidad de cubrir los crecientes gastos en el sector, pero la respuesta de la cartera de Guillermo Alfonso Jaramillo fue un ajuste del 5,36%, una cifra que, a juicio de muchos, es claramente insuficiente. Esta decisión fue justificada por el Ministerio de Salud en un comunicado oficial, en el que se señala que el aumento no será tan alto como se había solicitado debido a “graves inconsistencias en los reportes de las EPS”, lo que dificultó la realización de un cálculo más exacto.
Entre las irregularidades mencionadas, se destacan los aumentos abruptos en la frecuencia y la severidad de los servicios, los gastos médicos sin el respaldo correspondiente y los pagos por encima de los precios regulados, lo que generó desajustes en los informes que las EPS deben entregar. Por esta razón, la cartera optó por aplicar un ajuste automático basado en la inflación, lo que permite proteger los recursos públicos, pero también limita el margen de aumento.
El anuncio provocó que Denis Silva, director de la organización Pacientes Colombia, expresara su descontento a través de las redes sociales, calificando la decisión como un “golpe mortal” para los pacientes en Colombia. El líder afirmó: “Petro le acaba de colocar la lápida a los pacientes en Colombia. El aumento del Gobierno nacional a la UPC, que es lo que el Estado paga a las EPS para atender la salud de los colombianos, quedó en 5.36%, seis puntos por debajo del incremento del salario mínimo”.
El líder de Pacientes Colombia advirtió que esta medida traerá consecuencias graves para la población. Según Silva, el ajuste afectará principalmente a los pacientes, que se verán obligados a elegir entre necesidades básicas como alimentos, arriendo o medicamentos. “Los pacientes a partir del día de mañana tienen que decidir si compran mercado, alimentos, pagan arriendo y estudio, o compran medicamentos o se mueren”, destacó.
Silva también señaló que el aumento no será suficiente para cubrir los salarios de los trabajadores de la salud, lo que podría generar retrasos en los pagos: “El talento humano no va a recibir los salarios de manera oportuna”. Finalmente, el director de la organización expresó su preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en la estabilidad del sistema de salud, recordando que los años 2023 y 2024 ya cerraron con grandes dificultades económicas para las EPS.
Además, en un comunicado, señalaron desde la asociación que era “importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida. Una UPC suficiente, basada en los diferentes estudios existentes, podría haber mitigado muchos de los inconvenientes del sistema de salud”.