Los retos de la paz en Colombia: avances y dificultades en los diálogos entre el Gobierno Petro y los grupos armados

Con la promesa de consolidar la Paz Total, el presidente Gustavo Petro inició su mandato el 7 de agosto de 2022, comprometiéndose a dialogar con todos los actores armados del conflicto colombiano. Sin embargo, este ambicioso proyecto ha enfrentado un contexto complejo: un incremento del 36% en la presencia de grupos armados en el territorio nacional, una crisis humanitaria persistente y divisiones internas en los grupos armados y en la sociedad civil respecto al proceso de paz.

Las negociaciones con diversas facciones; desde guerrillas como el ELN y las disidencias de las Farc, hasta bandas criminales urbanas y rurales; han avanzado de manera desigual, enfrentando constantes crisis y replanteamientos.

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Aunque el Gobierno Petro se ha caracterizado por impulsar el concepto de la Paz Total, esta política ha estado marcada por altibajos que reflejan la resistencia de los actores armados, la persistencia de economías ilegales como el narcotráfico y las dificultades para garantizar la participación de las comunidades civiles. Es por ello que es importante destacar los avances y retrocesos de las negociaciones con cada uno de los principales actores armados durante el gobierno actual, para así poder identificar los principales retos por delante en cada uno de estos esfuerzos por alcanzar la paz.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido uno de los principales interlocutores del Gobierno Petro en su búsqueda de la paz. Tras la reactivación de las negociaciones en 2023, ambas partes lograron pactar un cese al fuego bilateral en julio de 2023, considerado un avance significativo. Sin embargo, los avances han sido empañados por incumplimientos mutuos y tensiones internas en el ELN respecto a las condiciones de los acuerdos.

En 2024, la crisis en las negociaciones se profundizó tras el fin del cese al fuego en septiembre. El ELN retomó actividades como el secuestro y los ataques a la infraestructura, debilitando la confianza en el proceso. A pesar de ello, el gobierno anunció en noviembre que buscaría reactivar los diálogos, haciendo un llamado a la participación activa de la sociedad civil para garantizar mayor legitimidad al proceso. Este enfoque, aunque prometedor, enfrenta el desafío de generar resultados tangibles en medio de una creciente desconfianza entre las partes.

El proceso de paz con las disidencias de las Farc, agrupadas en la Segunda Marquetalia y el Coordinador Nacional Ejército Bolivariano, también ha estado lleno de altibajos. Durante 2023, el gobierno intentó consolidar su intento para reiniciar diálogos con estos grupos, marcados por su fragmentación y diferencias internas.

En noviembre de 2024, se alcanzaron acuerdos iniciales que permitieron retomar las conversaciones, con Tumaco (Nariño), como epicentro de las negociaciones con el grupo liderado por Walter Mendoza. Los temas clave en estas conversaciones incluyen el cese de hostilidades, la reincorporación de combatientes y el desmantelamiento de economías ilegales. Sin embargo, las acciones delictivas de algunos frentes disidentes han dificultado la consolidación de la confianza en el proceso, lo que subraya la necesidad de un mayor control territorial y acompañamiento internacional.

En las ciudades, los esfuerzos por la paz urbana han tenido resultados mixtos. En Buenaventura, las bandas criminales Shottas y Espartanos anunciaron en noviembre de 2024 la extensión de su tregua hasta febrero de 2025, lo que ha permitido una disminución significativa en los niveles de violencia. Este acuerdo fue posible gracias a un enfoque que priorizó la inclusión de líderes comunitarios y el acompañamiento estatal en proyectos sociales.

Por otro lado, en Medellín y el Valle de Aburrá, el panorama ha sido más complejo. Las conversaciones con bandas criminales locales, iniciadas en 2023, no han logrado avances significativos en 2024 debido a la falta de confianza entre las partes y la persistencia de economías ilegales. A pesar de los esfuerzos del gobierno para renovar el proceso en mayo de este año, la violencia en la región se mantiene como un desafío crítico.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo con fuerte presencia en la región caribeña, se han presentado como un actor dispuesto al diálogo. En agosto de 2024, este grupo acordó suspender operaciones militares como gesto de buena voluntad, lo que permitió al gobierno avanzar en negociaciones preliminares. En noviembre, se suspendieron las órdenes de captura contra varios de sus miembros, un paso polémico pero necesario, según el gobierno, para consolidar la mesa de diálogo.

Sin embargo, la falta de acuerdos concretos en temas como el cese definitivo de hostilidades y la entrega de armas pone en evidencia los desafíos que enfrenta este proceso. Las comunidades locales han manifestado escepticismo sobre los compromisos de las autodefensas, lo que resalta la importancia de garantizar un enfoque transparente y participativo.

Chocó, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, ha sido escenario de múltiples intentos de negociación. En septiembre de 2024, los diálogos con las bandas criminales de la región enfrentaron una grave crisis cuando el Clan del Golfo rompió el cese al fuego, retomando actividades violentas para consolidar su control territorial. Sin embargo, el 13 de diciembre, cinco bandas criminales en Quibdó acordaron un nuevo cese al fuego hasta el 31 de enero de 2025, ofreciendo una oportunidad para retomar las negociaciones.

Aunque este avance es alentador, el contexto de inseguridad en el Chocó sigue siendo preocupante. El gobierno deberá abordar no solo las dinámicas de los actores armados, sino también las necesidades estructurales de la región, incluyendo la inversión social y el fortalecimiento de la institucionalidad.

El proyecto de la Paz Total del Gobierno Petro refleja un esfuerzo ambicioso y multifacético por abordar las raíces del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora muestran un panorama mixto, con avances importantes pero también numerosos desafíos. La fragmentación de los actores armados, las tensiones internas en las mesas de diálogo y la persistencia de las economías ilegales son obstáculos que dificultan la consolidación de la paz.

A medida que Colombia avanza hacia el tercer año del gobierno Petro, será crucial que las autoridades refuercen la confianza en los procesos de negociación, garanticen la participación de las comunidades y mantengan un enfoque integral que combine diálogo y acciones efectivas en el terreno. Solo así se podrá materializar el anhelo de una paz duradera en el país.