Continúa la controversia en el sector de transporte por el anuncio del aumento del precio de los peajes para 2025. El borrador del decreto de las nuevas tarifas plantearía un alza del 2,7%, en contraste con la propuesta inicial de 4,64%, anunciada el 27 de diciembre.
En ese sentido, según el documento del Ministerio de Transporte, el aumento se realizaría en tres etapas: la primera sería efectiva para el 1 de enero, cubriendo el 60% del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en 2023; el segundo se aplicará el 16 de enero, basado en el IPC anual, mientras que el tercero será efectivo el 1 de abril de 2025, que cubrirá el 9,28% del IPC de 2023.
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Bajo este panorama, Alfredo Merlano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), en conversación con W Radio, expresó la preocupación del sector ante la situación crítica que se avecina por culpa de las decisiones gubernamentales tomadas en 2023. Según dijo, ese año, el Gobierno suspendió el incremento habitual de los peajes, una medida que, según el líder gremial, no fue consultada con los transportadores.
“Eso fue un error del Gobierno, en cabeza del entonces señor ministro (...) ningún gremio del sector transporte, que somos los que más utilizamos las carreteras de Colombia, le pidió que suspendiera el aumento, que nosotros somos cumplidos y aceptamos siempre (...) el señor, sin mediar palabra, dijo: ‘voy a suspender el alza’ (...) eso le generó al Gobierno como que $700.000 o $800.000 millones y después se dieron cuenta de ese desfase y ahora estamos nosotros pagando esos errores del Gobierno“, dijo al medio citado.
Merlano advirtió al medio citado, que esta estrategia representa un doble impacto para los propietarios de camiones, quienes deberán asumir tanto el aumento correspondiente al presente como el acumulado del año anterior.
Asimismo, explicó que, aunque el sector está acostumbrado a los incrementos anuales en las tarifas de los peajes, el problema radica en que el costo del desfase de 2023 no debería recaer exclusivamente sobre los transportadores. Por ello, aseveró que el sector transportador no puede ser el único responsable de cubrir los costos derivados de una decisión gubernamental que, según él, fue tomada sin consultar a los gremios afectados.
Otro punto crítico señalado por el líder gremial es la necesidad de actualizar las metodologías de costos en el sistema Sisetac, la herramienta oficial utilizada para calcular los costos operativos del transporte de carga. Según Merlano, esta plataforma no refleja con precisión la realidad del mercado ni el impacto del aumento en los insumos, muchos de los cuales se pagan en dólares. Esta discrepancia, indicó, dificulta aún más la capacidad de los transportadores para planificar y mantener la rentabilidad de sus operaciones.
Por último, dijo que el anunciado fin del subsidio al diésel, que podría incrementar el precio del combustible hasta en $6.000 por galón en los próximos años, así como el aumento en los peajes, representa un alza preocupante en los fletes, convirtiéndose en un efecto dominó que impactaría la economía nacional, principalmente a los consumidores finales.
“En este momento, nuestros costos operativos están así: ya el 45% en diesel y el 15% en los peajes sin incremento; entonces ya nos quedaría más o menos con el 50% el diesel y más o menos el 20% en peajes, porque subiría un 5% con esa alza del 10%, entonces llegaríamos al 70% ¿Usted cree que nosotros los camioneros nos vamos a poder defender con el 30% que supuestamente dice que son utilidades?“, puntualizó al medio citado.