Los alfiles de Petro que terminarán 2024 en la mira de la Fiscalía General de la Nación

2024 fue un año adverso para el presidente de la República, Gustavo Petro, en uno de los pilares de su plan de Gobierno: la lucha contra la corrupción. El escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que estalló tras las investigaciones de los medios de comunicación, y la posterior confesión del exdirector de la entidad y el exsubdirector de manejo de riesgos, Olmedo López y Sneyder Pinilla, parece haber abierto una ‘caja de Pandora’ que salpicó a diferentes funcionarios y exmiembros del Ejecutivo.

A la par de este megacaso de corrupción que tocó las altas esferas del Estado, se han desarrollado otros casos que involucran a personajes activos y, en cierto modo, poderosos de la iniciativa progresista. Como si fuera poco, miembros de la familia presidencial están actualmente bajo la lupa de la justicia, en casos que han generado la atención del país, por el parentesco de sangre y civil con el primer mandatario, que ha buscado -sin mayor éxito- desviar el impacto de estos procesos y denunciar que sobre su administración hay intereses oscuros en relacionarla con hechos delictivos.

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En Infobae Colombia hacemos un breve recuento de cuáles son esos funcionarios y exintegrantes del Ejecutivo que son investigados por el órgano judicial, frente a la evidencia que los involucraría en actuaciones, al parecer, indebidas. Una lista que podría mover las bases sobre las cuales el jefe de Estado ha querido edificar su proyecto político, que estuvo cerca de ganar en los comicios del 2018, pero que, gracias al estallido social de 2021, logró inclinar la balanza a su favor.

• Olmedo López Montaño: el exdirector de la Ungrd, que en 2018 hizo parte de la lista del movimiento Decentes -impulsado por Petro- al Senado de la República, renunció el 29 de febrero de 2024 ante las denuncias replicadas en medios de comunicación por el sobrecosto de los 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira; no sin antes protagonizar un intento fallido de autorrespaldo frente a este caso. A partir de entonces empezó a ventilar la manera en que se habría repartido el dinero de este suceso, los que estarían implicados en este entramado y, lo más delicado, la manera en la que se habrían direccionado contratos para favorecer a congresistas, por orden del hoy exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Aceptó la comisión de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir y purgará siete años y un mes de cárcel en una guarnición militar.
• Sneyder Pinilla: el ex subdirector del manejo del Riesgo, que fue posesionado por López en su cargo tras haber sido alcalde de Sabana de Torres (Santander), fue vinculado al caso luego de que su nombre resultara salpicado en la red de corrupción en la Ungrd. En su intención de buscar beneficios con el ente acusador, entregó detalles de la manera en la que se habrían entregado los sobornos a los expresidentes del Congreso y la Cámara, Iván Name Vásquez, y Andrés Calle Aguas, por $4.000 millones; además de que sirvió como el aparente gestor de la entrega de jugosos contratos a congresistas, en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por $92.000 millones. El exfuncionario reconoció los mismos punibles de López y pagará seis años y seis meses de prisión.
• Sandra Ortiz: la alta exconsejera para las Regiones, señalada por López y Pinilla de ser la “mensajera” para entregar una coima de $3.000 millones al entonces presidente del Congreso, Name Vásquez, fue cobijada con medida de aseguramiento y recluida en la estación de Carabineros de la Policía, acusada de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Debido a las acusaciones en su contra, la mujer -del partido Alianza Verde- dejó su cargo el 16 de mayo de 2024, luego de que el presidente Petro aceptara su renuncia. El proceso en su contra avanza, a la espera de si se someterá a un preacuerdo o irá a juicio.
• Carlos Ramón González: el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), fundador del partido Alianza Verde y excombatiente del M-19, al igual que el jefe de Estado, está bajo la lupa de la Fiscalía: pues fue acusado de haber presuntamente ordenado la entrega del multimillonario soborno a Name Vásquez y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara, por $1.000 millones. El 7 de octubre de 2024 asistió a la Fiscalía a una diligencia de identificación y arraigo, en la fase inicial de lo que podría ser un proceso en su contra, en caso de hallarse mérito.

• César Manrique: el hombre, que se venía desempeñando como director de la Función Pública, y que renunció a su cargo el 1 de noviembre de 2024, podría ser investigado por la Fiscalía, pues ya no cuenta con su fuero como funcionario público; de hecho, estaba pendiente su citación a interrogatorio. Lo anterior, pues su nombre fue mencionado como el presunto responsable de haber facilitado el traslado de $100.000 millones de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que permitió a López el direccionamiento de contratos millonarios al interior de la Ungrd.
• Luis Carlos Barreto: el ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) también fue enviado a la cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad de documento privado, pues era, al parecer, habría gestionado contratos por más $94.000 millones, y se habría apropiado de $12.065 millones en favor de terceros.
• Pedro Rodríguez Melo: el exasesor de Ungrd es otro de los implicados en el escándalo de corrupción por sobrecostos en contratos de carrotanques, y fue imputado de los mismos delitos de Barreto, además de ser afectado de la decisión de estar en prisión, al ser considerado un peligro para el avance del caso en su contra. Por lo que habría sido su labor en este caso, en su papel de intermediario, presuntamente se benefició con $1.000 millones, con lo que de parte del organismo de justicia el proceso en su contra prosigue, ante la evidencia que lo implicaría en este caso.

• Ricardo Bonilla: luego de su renuncia al Ministerio de Hacienda y la pérdida del fuero constitucional, la Fiscalía estaría en libertad de vincularlo a este suceso, pues ha sido señalado de ser el hombre que ordenó el direccionamiento de contratos en favor de los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp), para que aprobaran millonarios créditos solicitados por el Gobierno nacional, cuyos conceptos eran claves en tal propósito. Ante la gravedad de su caso, su abogado, Mauricio Pava, pidió una cita para presentar pruebas de su defensa; es decir, para demostrar su inocencia frente a los señalamientos que lo tienen en medio de la tormenta. Cabe destacar que, el funcionario firmó dos resoluciones que adicionaron $1,4 billones al presupuesto de la Ungrd.
• María Alejandra Benavides: la exasedora del Ministerio de Hacienda, y que era cercana al extitular de la cartera Ricardo Bonilla, busca hoy por hoy un principio de oportunidad luego de salpicar a su ex jefe en esta red de corrupción. La mujer, que sería la encargada de coordinar la entrega de contratos a congresistas y de, incluso, cuadrar las reuniones en las que se habrían concretado los apoyos, recibió protección de la Fiscalía General, debido a que se consideró que su integridad física estaría en serio riesgo.
• Luis Fernando Velasco: el exministro del Interior, que también fue director (e) de la Ungrd, tiene abierta desde el 18 de julio de 2024 una investigación formal en el organismo de investigación judicial, luego de ser vinculado al organigrama corrupto por parte de Olmedo López. Aunque se ha defendido de los señalamientos que pesan en su contra, al ser acusado de haber presuntamente participado en la entrega de millonarios montos de la entidad, a cambio de votos para las grandes reformas del Gobierno, como la de la salud, aprovechando su facultad de hacer contratación directa, la entidad -así como la Corte Suprema- continúa con las pesquisas para demostrar si existen méritos para abrirle un proceso formal, que lo vincule a los implicados de este sonoro caso de corrupción.

• Ricardo Roa: el hoy presidente de Ecopetrol es investigado por la Fiscalía General de la Nación debido a su papel como el gerente de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro, sobre la que hay acusaciones de aparente financiación irregular. Desde el búnker de la entidad se pretende establecer si existen irregularidades tras rastrear los recursos y estudiar su patrimonio, toda vez que todo lo referente a los recursos que entraron a las arcas de la aspiración presidencial pasaron por sus manos. De manera paralela, el ente acusador abrió indagación el 5 de diciembre por la denuncia que trasladó el exministro Bonilla, por su presunta por su presunta injerencia en la contratación de la hidroeléctrica de Urrá (Córdoba).
• Laura Sarabia: aunque cuenta con fuero por su cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la mano derecha del primer mandatario ha sido mencionada en la investigación por la financiación de la campaña presidencial, en 2022; pese a que no existe un expediente formal en su contra. Por ello, la funcionaria envió una carta a la Fiscalía para expresar su disposición a rendir declaración bajo juramento, con el fin de entregar detalles de cómo fue ese proceso. En lo concerniente al asunto que involucra a su exniñera Marelbys Meza, que alegó abuso de autoridad al ser sometida sin su consentimiento a una prueba del polígrafo, lo que derivó en fuertes acusaciones en su contra, este está a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia; lo anterior, desde el 5 de septiembre de 2023, cuando se reintegró al Ejecutivo tras casi tres meses marginada.
• Armando Benedetti: además del avanzado proceso que enfrenta por el delito de injuria agravada, cuando acusó a la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Lina Arbeláez de saqueo a la entidad, el exsenador de la República y exembajador de Colombia en Venezuela y la FAO, hoy asesor del despacho presidencial, es investigado por al menos siete casos relacionados con enriquecimiento ilícito, entre ellos el sonado proceso por su supuesta injerencia en los contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), aunque el organismo se declaró impedido en llevarlos a cabo y trasladó esa competencia a la Corte Suprema de Justicia. Sumado a esto, el controvertido funcionario fue citado el 22 de noviembre de 2024, junto a Sarabia, a declarar por los audios sobre cómo habría sido la financiación de la campaña Petro Presidente y; como si no fuera suficiente, desde el 29 de julio,el ente acusador abrió una investigación por el incidente que aparente violencia intrafamiliar que habría protagonizado contra su esposa, Adelina Guerrero Covo, en ejercicio de sus funciones como diplomático en suelo europeo, en hechos del 30 de junio en Madrid (España).

• Nicolás Petro Burgos: siendo el primogénito del mandatario de los colombianos, en la actualidad afronta un juicio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, al comprobarse, por parte de la Fiscalía General, un incremento injustificado de cerca de $1.053 millones; tras los aportes recibidos de personajes como Santander Lopesierra, más conocido como el Hombre Marlboro, y de Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso El Turco Hilsaca, que mostraron su interés de vincularse a la campaña presidencial de su padre. Sin embargo, según lo confesó el propio exdiputado del Atántico, los recursos habrían terminado en sus bolsillos. Antes de finalizar 2024, Petro Burgos había dejado abierta la posibilidad de establecer un preacuerdo con la entidad de investigación, como reveló la fiscal General Luz Adriana Camargo, sin que se haya hecho aún efectiva.
• Nicolás Alcocer Petro: hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, se vio salpicado en una acusación anónima trasladada por el exministro Bonilla, en relación con por supuestas prácticas injerencistas en la contratación en la hidroeléctrica de Urrá, en su fase 1, y de la cercanía de ambos con David Cerón y Lucía Muñoz, que se habrían visto beneficiados con contratos. Por el momento, solo se conoce una indagación inicial en su contra, sin ningún impacto a nivel jurídico.