Procuraduría lanza ultimátum a grupos armados para que liberen a menores reclutados y dejen esa práctica

La Procuraduría General de la Nación hizo, a través de un comunicado oficial, un enérgico llamado al Gobierno para que priorice la protección de niños, niñas y adolescentes en las mesas de diálogo con los grupos armados ilegales. En cumplimiento de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, el ente de control demandó la desvinculación inmediata de los menores reclutados y el cese definitivo de esta práctica, que continúa siendo una de las más graves violaciones a los derechos fundamentales en Colombia.

Esta advertencia se emite en medio de la indignación generada por el reciente asesinato de un niño en El Plateado, Cauca. El menor fue ejecutado por disidencias de las Farc luego de resistirse a ser reclutado, un acto que la Procuraduría calificó como un crimen de lesa humanidad y una violación flagrante de los derechos fundamentales.

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El fenómeno del reclutamiento infantil sigue en aumento en diversas regiones del país, según el seguimiento realizado por la Procuraduría.

Las cifras oficiales indican que, a 19 de diciembre de 2024, se han documentado 287 nuevos casos, lo que representa un incremento significativo frente a los 213 registrados en 2023. Entre las zonas más afectadas se encuentran Cauca, Caquetá, Chocó, Antioquia y Nariño, donde los menores son constantemente víctimas de amenazas y estrategias de engaño utilizadas por los grupos armados al margen de la ley.

Frente a esta alarmante realidad, el ente de control subrayó la necesidad de adoptar medidas más contundentes para prevenir el reclutamiento y proteger a los menores de edad. Asimismo, enfatizó que este tema debe ocupar un lugar central en las negociaciones de paz, con el fin de garantizar que se ponga fin a esta práctica sistemática y se asegure la protección integral de los niños y niñas en las regiones más vulnerables del país.

En noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio un paso importante hacia la justicia al imputar a seis antiguos líderes del secretariado de las extintas Farc por el reclutamiento forzado de menores, un delito calificado como crimen de guerra. Entre los imputados se encuentran Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra (alias El Médico), Milton Toncel (alias Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada.

El extenso informe de la JEP revela que entre 1996 y 2016 más de 18.600 menores fueron reclutados en el marco del conflicto armado colombiano. Aunque las Farc contaban con normas internas que prohibían el reclutamiento de niños menores de 15 años, la realidad mostró que esta práctica no solo era tolerada, sino también promovida, con menores de tan solo 8 años incorporados a las filas guerrilleras.

Los menores eran incorporados a las filas de las Farc mediante amenazas, coerción o engaños. Testimonios recogidos por la JEP indican que muchas familias fueron forzadas a entregar a sus hijos bajo la amenaza de represalias. Además, los frentes guerrilleros operaban bajo un sistema de cuotas que los obligaba a mantener un número mínimo de combatientes, lo que incrementó la presión por reclutar incluso a niños pequeños.

El magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, destacó que la organización priorizaba la apariencia física de los menores sobre su verdadera edad, reflejando un desprecio por su bienestar. Este enfoque permitió un reclutamiento masivo que dejó huellas imborrables en las comunidades afectadas, particularmente en zonas indígenas vulnerables como los pueblos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo.

El documento también detalla las duras condiciones a las que fueron sometidos los menores reclutados, incluyendo entrenamientos extenuantes, malos tratos, esclavitud sexual y abortos forzados. Las niñas fueron especialmente vulnerables a la violencia de género, y la JEP ha registrado casos donde sus bebés recién nacidos fueron asesinados para evitar “cargas” dentro de las filas.

El impacto de estas prácticas no se limitó a los menores reclutados; comunidades enteras vieron cómo las Farc imponían su autoridad mediante el uso de la fuerza y la explotación de su vulnerabilidad.