Confirman la muerte de uno de los soldados que resultó herido tras combates con las disidencias de las Farc en Arauca

En los últimos días del año, tropas del Ejército se han visto asediadas por los ataques de grupos armados al margen de la ley, dejando saldos fatales en la institución.

A propósito, en la tarde del sábado 28 de diciembre de 2024, se confirmó la muerte de uno de los tres soldados heridos que dejó un intenso combate entre tropas del batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional y la estructura 10 de las disidencias de las Farc, liderada por alias Iván Mordisco, en la vereda La Esmeralda, en Puerto Rondón (Arauca).

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Se trata del fallecimiento del soldado profesional Sebastián Niño Jiménez, que permanecía internado en el Hospital Regional de la Orinoquía desde el jueves 26 de diciembre, luego de resultar herido en los enfrentamientos armados.

Niño Jiménez se sumó al también soldado profesional Keyler Alonso Ruíz Hernández, oriundo del municipio de Curumaní (Cesar), que murió durante los combates. El uniformado tenía más de 13 años de servicio en la institución.

"El Ejército Nacional lamenta profundamente la muerte de nuestro valeroso soldado, quien perdió su vida en cumplimiento de la misión constitucional, por lo que reiteramos nuestras más sentidas condolencias a su familia y allegados en este difícil momento. Este Comando adelanta los procesos respectivos para brindar acompañamiento a las familias tanto de nuestro militar asesinado como de nuestros soldados heridos“, indicó el comunicado de las Fuerzas Militares.

Cabe señalar que la situación fue tan crítica en esa zona del país, que la Defensoría del Pueblo hizo un llamado vehemente para que se atendiera oportunamente los hechos violentos que se estaban generando entre grupos armados.

“Ante la alarmante persistencia del conflicto armado en Arauca, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades locales y nacionales la implementación urgente de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades afectadas”, enfatizó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

El Tribunal Administrativo de Arauca se prepara para iniciar una serie de audiencias en los próximos días con el propósito de analizar las medidas que ha tomado el Gobierno nacional para detener la violencia en Arauca, afectado por el conflicto armado y la alteración del orden público.

Según la acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED), la solución debe involucrar a la Presidencia de la República, la Consejería Comisionada de Paz, los ministerios de Defensa e Interior y la fuerza pública, que tendrían la tarea de implementar un plan que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos de Arauca.

Entre las solicitudes de la FED, figura la creación de un equipo especial encargado de rendir cuentas sobre las acciones realizadas para proteger a la población. Dicho equipo estaría compuesto por un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de las Fuerzas Militares y un oficial de la Policía Nacional.

La acción popular, admitida por el Tribunal el 24 de diciembre, expone una situación crítica en Arauca. Según la FED, grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc ejercen control social y territorial en la región, vulnerando los derechos colectivos mediante actividades como peajes ilegales, secuestros, amenazas, enfrentamientos armados y el confinamiento de trece comunidades indígenas.

En su demanda, la FED respaldó sus argumentos con reportes de la Defensoría del Pueblo, notas periodísticas, informes de la Procuraduría y de organismos internacionales como Naciones Unidas. Además, instó al Tribunal a declarar vulnerados los derechos colectivos a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la defensa de los bienes públicos en Arauca.

“Los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial del departamento. Constantemente, despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes”, señaló la FED en su denuncia, al tiempo que enfatizó la urgencia de garantizar la protección de la vida de todos los ciudadanos de la región.