Oficial antinarcóticos detenido y desvinculado de la Policía por, supuestamente, vender droga, insiste en su inocencia

En un giro inesperado que expone la fragilidad del combate al narcotráfico en Colombia, el mayor de la Policía Pablo Andrés Uribe Gómez, reconocido por su eficacia en operaciones antidrogas, enfrenta una extradición a Estados Unidos bajo graves acusaciones de corrupción y nexos con el crimen organizado. El proceso lleva varios meses en curso y es actualmente uno de los casos que más suspicacia provoca al interior de la institución. Sin embargo, ad portas de que termine el 2024, su defensa insiste en la inocencia del exuniformado.

Uribe Gómez, adscrito a la Unidad de Investigaciones Sensibles (SIU), financiada por la DEA, lideró operaciones que permitieron la incautación de varias toneladas de cocaína en puertos de la costa caribe. En diciembre de 2022, la Fiscalía 43 autorizó su participación en una operación trasnacional que buscaba capturar a enlaces de los grupos criminales La Cordillera y el Clan del Golfo mediante el envío controlado de tres toneladas de cocaína a México, Holanda y Bélgica.

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Sin embargo, en mayo de 2023, una corte del Distrito de Texas lo acusó de desviar recursos de gastos reservados y de facilitar envíos de droga a Europa, los cuales posteriormente delataba para obtener recompensas millonarias. La captura del oficial se produjo en junio del mismo año, y junto con él fue detenida una contratista del Ministerio de las TIC, vinculada sentimentalmente con Uribe Gómez.

La investigación de la Fiscalía reveló una fortuna atribuida al mayor, valuada en más de 2.800 millones de pesos. Entre los bienes ocupados con fines de extinción de dominio se cuentan apartamentos en Ibagué y Barranquilla, así como lotes en Tolima y Huila. Aunque solo cuatro de estos predios están registrados a nombre del oficial, la magnitud de los bienes confiscados ha intensificado las sospechas.

Uribe Gómez, quien contaba con 25 condecoraciones y más de 300 felicitaciones por su desempeño, inicialmente recibió el beneficio de casa por cárcel y se le permitió trabajar en una firma inmobiliaria en Ibagué. Sin embargo, fue recapturado y apartado de la Policía mediante la figura de retiro discrecional.

Según informantes, el mayor Uribe Gómez no actuaba solo. La red corrupta de la que supuestamente forma parte incluiría a oficiales activos y hasta un general retirado, con posibles nexos con el Clan del Golfo y el célebre cartel mexicano de Sinaloa. Otro oficial involucrado, el mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, exjefe de la Policía Fiscal y Aduanera de Barranquilla, estaría dispuesto a colaborar con la justicia para destapar la red.

La defensa de Uribe Gómez, liderada por el abogado Orlando Enrique Martín, sostiene que el oficial es víctima de un entrampamiento orquestado por un agente encubierto con quien trabajó en operaciones controladas de cocaína. Además, su equipo legal ha solicitado la nulidad de los cargos y el restablecimiento de derechos, incluyendo su reintegración a la Policía y el pago de salarios atrasados.

El caso está en manos de la magistrada Myriam Ávila Roldán, de la Corte Suprema de Justicia, quien evaluará las pruebas presentadas por ambas partes antes de decidir sobre la extradición del mayor. Mientras tanto, un sector de la Policía espera su salida definitiva, en medio de una profunda reflexión sobre el alcance de la corrupción en sus filas.

Este artículo está basado en la rigurosa investigación de El Tiempo, que ha seguido de cerca este caso desde sus inicios, exponiendo detalles clave sobre una trama que sacude a la institución policial y al sistema de justicia colombiano.