Petro aseguró que si los departamentos administran recursos de impuestos dejaría “gran parte de Colombia sin financiamiento”

El exministro de Justicia, Wilson Ruíz, solicitó la implementación de una reforma fiscal cuyo objetivo es que el Gobierno Nacional cree un fondo de compensación regional. Este fondo permitiría administrar el 50% del valor de los impuestos recolectados por renta y patrimonio, con el fin de lograr un mayor equilibrio entre las regiones del país.

A corte del mes de diciembre, se ha logrado recolectar un total de 3.500.000 firmas para que la propuesta pueda ser presentada ante las diferentes entidades del Estado.

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El 27 de diciembre, W Radio confirmó que, con un poco más de 3 millones de firmas recolectadas y presentadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya se radicó el referendo sobre la autonomía fiscal en cada uno de los departamentos. Esta iniciativa también fue promovida por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

El objetivo del referendo es reestructurar el artículo 297 de la Constitución para que las administraciones departamentales puedan gestionar directamente la recaudación de los impuestos mencionados anteriormente.

El presidente Gustavo Petro respondió en la mañana del sábado 28 de diciembre a través de su cuenta en X. En su publicación, señaló que, de aprobarse, solo dos de los 32 departamentos del territorio nacional contarían con finanzas públicas sostenibles:

“Hay que advertir que, si los departamentos pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín. Allí es donde se concentra la mayor parte del impuesto de renta. La reforma constitucional al sistema de transferencias, recientemente aprobada por el Congreso para cerrar las brechas regionales, quedaría derogada”, escribió el mandatario.

Además, aseguró que la capacidad de financiación de la Fuerza Pública se vería gravemente afectada. Solo Medellín y Bogotá tendrían recursos suficientes para sostener a su Ejército y Policía. También advirtió que esta situación podría llevar a un recrudecimiento de la violencia en el país, ya que, según él, “el centralismo extremo que proponen, en un mar de violencia, no serviría para nada”.

El presidente afirmó que el deterioro en la disposición de la Fuerza Pública sería casi total, ya que solo Medellín y Bogotá tendrían la capacidad para financiar su Ejército y Policía. También advirtió que esta situación podría llevar a un recrudecimiento de la violencia en Colombia, afirmando que “el centralismo extremo que proponen, en un mar de violencia, no serviría para nada”.

Estas declaraciones causaron conmoción en la red social, ya que algunos usuarios señalaron que Bogotá y Medellín forman parte de dos departamentos distintos, lo que plantea dudas sobre la viabilidad del modelo incluso para estas ciudades.

Por otro lado, hay quienes están de acuerdo con el planteamiento y argumentan que la objetividad debe primar para entender la situación. JuanK Lucena, uno de los usuarios, afirmó que no sería rentable que cada departamento administre estos recursos, pues ello dejaría a una parte del territorio sin financiamiento para seguridad e inversión pública. Además, señaló que sería un desperdicio millonario llevar a cabo el referendo.

El referendo en Colombia: un mecanismo clave para la participación ciudadana

De acuerdo con la Constitución de Colombia, el referendo se posiciona como una herramienta fundamental para que los ciudadanos participen directamente en la toma de decisiones legislativas. Este mecanismo, regulado por el artículo 103 de la Carta Magna y la Ley 134 de 1994, permite que la población tenga la última palabra sobre proyectos de ley o normas ya aprobadas. Según lo estipulado en estas normativas, existen dos tipos principales de referendos: el aprobatorio y el derogatorio, cada uno con características y objetivos específicos.

El referendo aprobatorio se utiliza para someter a consideración del pueblo un proyecto de acto legislativo o una ley que no haya sido adoptada por la corporación pública correspondiente. En este caso, los ciudadanos tienen la posibilidad de decidir si aprueban o rechazan el contenido del proyecto, ya sea en su totalidad o en partes específicas.

Por otro lado, el referendo derogatorio permite a los ciudadanos evaluar normas que ya han sido aprobadas por el Congreso, las asambleas departamentales o los concejos municipales. En este escenario, el pueblo tiene la facultad de decidir si deroga una ley, ordenanza o acuerdo previamente establecido.