Delegación de Paz del Gobierno le pidió al ELN la liberación de Policía y de ingeniero contratista

La Delegación de Paz del Gobierno, bajo el liderazgo de Vera Grabe, solicitó al ELN la liberación inmediata del intendente de la Policía Mauricio Vargas Carmona y del ingeniero Miguel González, secuestrados en el sur del departamento del Chocó.

La petición se basó en el anuncio de cese al fuego unilateral realizado por esta guerrilla, vigente desde el lunes, 23 de diciembre de 2024 hasta el 3 viernes, 3 de enero de 2025.

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Según la Delegación, el frente de guerra occidental Ogli Padilla del ELN estaría detrás del secuestro.

“Dado que el ELN anunció el pasado 23 de diciembre del presente año un cese al fuego unilateral hasta el 3 de enero de 2025, la Delegación de Paz del Gobierno solicita que, en consecuencia, sean liberados el intendente de la Policía Mauricio Vargas Carmona y el ingeniero contratista Miguel González”, señaló el grupo negociador en un comunicado que se publicó en las redes sociales.

El secuestro fue denunciado la noche del viernes 27 de diciembre por la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que señaló que el secuestro ocurrió mientras las víctimas se desplazaban entre los municipios de Sipí e Istmina.

“Nos confirman el secuestro de un miembro de la Policía Nacional y un contratista que se desempeña como ingeniero de obra en la estación de Policía del municipio de Sipí. En la zona opera fundamentalmente el ELN, pero también hay presencia del Clan del Golfo”, explicó la mandataria en sus redes sociales.

Córdoba también mencionó que se han activado canales humanitarios para intentar establecer comunicación y obtener información adicional sobre los secuestrados.

Por su parte, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que detalló que el uniformado y el ingeniero viajaron en lancha desde Istmina hasta Sipí para supervisar obras en la estación de Policía. Sin embargo, durante su retorno al mediodía, fueron interceptados por un grupo armado ilegal.

“El día de hoy, un miembro de la Policía Nacional de Colombia junto a un ingeniero contratista viajaron por lancha desde Istmina hasta el municipio de Sipí, que se encuentra ubicado en el sur del departamento de Chocó, eso con la finalidad de supervisar las obras que se adelantan en las instalaciones de la estación de Policía”, informó la institución.

El secuestro se dio en una región en donde el ELN y el Clan del Golfo tienen presencia activa, lo que complica aún más las labores de las autoridades para garantizar la seguridad y facilitar el rescate de las víctimas.

La situación continúa en desarrollo, mientras el Gobierno mantiene su exigencia de liberación inmediata, insistiendo en el respeto por el cese al fuego previamente declarado por el ELN.

En noviembre del 2024 el Gobierno de Colombia decidió aceptar la invitación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para reanudar las conversaciones de paz, que permanecían suspendidas desde septiembre de 2024.

Este anuncio se produjo en un contexto de tensiones acumuladas tras un atentado perpetrado por la guerrilla en el departamento de Arauca, que dejó un saldo de tres militares muertos y más de treinta heridos.

En un comunicado oficial, la delegación de paz del Gobierno expresó su disposición a reunirse con el ELN para abordar los problemas que han obstaculizado el avance de las negociaciones.

“Aceptamos la invitación para llevar a cabo una reunión que nos permita abordar todos estos asuntos y retomar nuestro diálogo en busca de generar los hechos de paz que nos demanda la sociedad colombiana”, señaló el documento.

Por su parte, el ELN manifestó su intención de realizar un encuentro con la delegación gubernamental, con la participación de países garantes y acompañantes permanentes. La guerrilla atribuyó la actual crisis en las negociaciones a presuntos “incumplimientos de acuerdos” por parte del Gobierno, lo que, en su opinión, ha agravado la situación.

El atentado en Arauca marcó un punto de inflexión en las relaciones entre ambas partes. Este ataque, que tuvo lugar en una base militar, no solo dejó víctimas mortales y heridos, sino que también puso en evidencia las dificultades para mantener un cese al fuego efectivo y sostenible. Este hecho fue uno de los principales detonantes de la suspensión de las conversaciones.