Alarma en Colombia: más de 15.000 menores víctimas de abuso sexual, según informe del ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha publicado un informe que evidencia la magnitud de la violencia contra los menores en Colombia. Según las cifras registradas hasta octubre de este año, 15.294 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso sexual, lo que pone en el centro del debate la necesidad urgente de medidas de protección más efectivas.

El documento no solo detalla los casos de violencia sexual, sino que también incluye reportes de otros tipos de agresiones contra los menores. Entre ellos, se destacan 1.427 episodios de violencia física y 989 de violencia psicológica, lo que refleja un panorama complejo y preocupante para la niñez en el país.

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“Estos números son un llamado a la acción para toda la sociedad. No podemos permitir que nuestros niños sigan siendo víctimas de este tipo de violencia”, señalaron voceros del ICBF al presentar las estadísticas.

El informe también contrasta las cifras actuales con los datos del año pasado. En 2023, se registraron 19.065 casos de violencia sexual contra menores, una cifra alarmante que muestra la persistencia de este problema en el tiempo. El aumento observado en los primeros diez meses de 2024 refleja una tendencia preocupante y evidencia que el subregistro puede seguir siendo un obstáculo para dimensionar la realidad de este flagelo.

Play VideoEs importante destacar que estas cifras corresponden únicamente a los casos reportados, lo que significa que la magnitud real del problema podría ser aún mayor. Las autoridades insisten en que muchas víctimas no denuncian debido al miedo, la intimidación o la falta de acceso a canales de apoyo y justicia.

En el contexto actual, el ICBF y otras organizaciones han intensificado los llamados para fortalecer las estrategias de prevención y atención, tanto desde el ámbito institucional como desde las familias y comunidades. La directora del ICBF reiteró la importancia de la corresponsabilidad en la protección de la infancia, subrayando que “es un deber de todos velar por el bienestar de nuestros niños”.

Por último, el informe advierte que, aunque se han implementado políticas públicas para combatir la violencia contra los menores, es fundamental reforzar los sistemas de prevención, educación y denuncia, así como garantizar una respuesta adecuada a las víctimas y sus familias.

Las cifras de denuncias por delitos contra niños, niñas y adolescentes en Colombia han mostrado un preocupante aumento del 8% en lo que va de 2024, alcanzando un total de 78.124 reportes, en comparación con las 71.851 denuncias registradas en 2023.

Esta alarmante tendencia fue revelada por la teniente coronel Claudia Suárez Carrillo, jefa de Infancia y Adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, que destacó que los menores de 6 a 12 años son los más afectados, constituyendo 40.026 de las víctimas. A su vez, los menores de 12 a 17 años y los de 0 a 5 años también presentan cifras preocupantes.

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Los datos revelan que el género femenino es el más afectado, con un 56% de las víctimas (43.692), mientras que el 44% (34.432) son varones. Entre los delitos más comunes, la violencia intrafamiliar encabeza la lista con 17.940 casos, seguida por la inasistencia alimentaria con 9.919 denuncias, y actos sexuales abusivos que han generado cerca de 11.000 denuncias.

Una de las estadísticas más alarmantes es que el 95% de los menores afectados residen en zonas rurales, donde la intervención del Estado suele ser menos efectiva. Cundinamarca, Antioquia, Valle, Santander y Tolima son los departamentos que presentan mayores cifras de denuncias, lo que indica una crisis estructural que afecta tanto la seguridad como el bienestar de los menores en el país.

La alta incidencia de violencia intrafamiliar y abuso sexual plantea la necesidad de implementar medidas preventivas y correctivas a nivel comunitario, involucrando a instituciones educativas y de salud para abordar esta problemática desde diversos frentes; pues el impacto de estos delitos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también tiene repercusiones a largo plazo en sus familias y comunidades.