Admiten demanda contra Gustavo Petro y dos ministerios por grave crisis de seguridad en Arauca

En medio de la difícil situación que atraviesa el departamento de Arauca, marcado por la fuerte crisis de orden público y violencia por causa del conflicto armado, el Tribunal Administrativo de Arauca aceptó una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FED).

Este recurso legal, dirigido contra la Presidencia de la República y los ministerios de Defensa e Interior, busca poner en evidencia la crítica situación que enfrentan los habitantes de esta región y exigir garantías efectivas para la protección de sus derechos y sus vidas.

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La acción popular fue admitida el martes 24 de diciembre y está sustentada en diversos insumos recopilados por la FED, incluyendo notas periodísticas, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo e informes de la Procuraduría General y de las Naciones Unidas. Con ello, se busca llamar la atención sobre las acciones delictivas cometidas por grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fcar, quienes —según la Fundación— ejercen control territorial y social en el departamento.

“Los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial del departamento. Constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes: hacen peajes ilegales, secuestros, amenazas, combates, confinamiento de trece comunidades indígenas, entre otros”, afirmó la FED en la demanda.

La Fundación también responsabiliza al Gobierno nacional de no cumplir con sus tareas constitucionales de garantizar los derechos humanos de la población civil. Argumenta que tal omisión se manifiesta en el incumplimiento de los ceses al fuego pactados durante negociaciones de paz con los grupos armados y en las limitaciones operativas de la fuerza pública para proteger a los ciudadanos de Arauca.

Además, señala que las comunidades enfrentan afectaciones severas debido a la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades nacionales, lo que agrava la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esta zona.

La acción popular busca que se declaren vulnerados varios derechos colectivos de los habitantes de Arauca, entre ellos el derecho a la paz, la seguridad pública, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes públicos.

Con base en esto, la FED propone que se diseñe y ejecute un plan integral en el que participen la Presidencia de la República, la Consejería para la Paz, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la fuerza pública. Este plan tendría como objetivo garantizar la protección de los derechos vulnerados y las libertades de los ciudadanos, así como recuperar el control del territorio.

Entre las medidas solicitadas, la fundación sugiere conformar un equipo especial que se encargue de rendir cuentas periódicas sobre las acciones implementadas para proteger a la población. Este equipo estaría integrado por un representante del Ministerio de Defensa, un delegado de las Fuerzas Militares y un uniformado de la Policía Nacional.

A través de su cuenta de X, la FED convocó a los afectados a presentar sus intervenciones mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado. “Invitamos a los interesados cuyos derechos están siendo vulnerados a intervenir ante el Tribunal Administrativo de Arauca, para que presenten su intervención [...] y reafirmen la necesidad de adoptar medidas urgentes para atender la crisis”, publicó la organización.

Así las cosas, en los próximos días, se espera que el Tribunal Administrativo programe audiencias en las que las partes involucradas puedan discutir las medidas a implementar para reducir la violencia que azota al departamento de Arauca. Estas sesiones serán clave para estructurar estrategias que permitan restablecer el orden público y garantizar la seguridad de los ciudadanos.