La Procuraduría General de la Nación, a través de una carta dirigida al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo el 18 de diciembre, solicitó información detallada sobre la metodología, los análisis y las reuniones realizadas para definir el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025.
La UPC determina los recursos que el Estado transfiere a las EPS para la atención de los afiliados, abarcando todos los servicios y procedimientos incluidos en el plan de beneficios en salud. Este incremento es vital para responder a las necesidades de los usuarios y evitar déficits financieros en el sistema.
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De no tomarse una decisión para el 31 de diciembre del 2024, la UPC aumentará automáticamente con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), estimado para cerrar el año en un 5,1%. No obstante, expertos del sector, como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), consideran este ajuste insuficiente y advierten que el aumento debería situarse entre el 16% y 18% para garantizar la sostenibilidad del sistema.
La solicitud de la Procuraduría
En su comunicación, firmada por Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada, el organismo instó al Ministerio de Salud y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas a garantizar que el cálculo de la UPC para 2025 se realice mediante un “proceso técnico y participativo”. Esto incluye la utilización de elementos actuariales, datos representativos de las EPS y ajustes por inflación y cambios demográficos y epidemiológicos.
El ente de control disciplinario también subrayó la importancia de implementar sistemas de información robustos para validar los datos reportados por las EPS, detectar posibles desviaciones y corregirlas oportunamente. “Exhortamos al Ministerio a garantizar un proceso de validación activa de la información reportada, asegurando su calidad, suficiencia y representatividad”, señala el documento.
Asimismo, solicitó una amplia gama de información, entre la que se encuentra:
- Documentos que contengan análisis y recomendaciones del grupo técnico a la Comisión Asesora sobre la UPC del 2025.
- Nombres de los funcionarios que participan en las sesiones de la Comisión Asesora.
- Actas de las reuniones realizadas hasta la fecha para definir la UPC del 2025.
- Bases de datos con los análisis de la información reportada por las EPS.
- Detalles de las reuniones técnicas realizadas con las EPS para validar datos relacionados con servicios, siniestralidad y severidad.
- Ajustadores por condiciones de salud considerados en el cálculo de la UPC.
- Información sobre posibles modificaciones a la metodología de cálculo de la UPC.
- Detalles sobre nuevos ajustes previstos para condiciones de salud específicas.
Crisis financiera y humanitaria en el sistema de salud
En su carta, la Procuraduría enfatizó que la situación financiera actual del sistema está generando una crisis humanitaria que impacta directamente en el derecho fundamental a la salud de los colombianos. En este sentido, el organismo instó al Ministerio de Salud a cumplir con las normativas actuales y realizar un ajuste de la UPC que sea suficiente para enfrentar los retos del sistema.
“La implementación de un cálculo ajustado y técnicamente fundamentado de la UPC permitirá superar esta difícil situación y garantizar la sostenibilidad del sistema”, enfatiza el documento. También solicitó al Ministerio que tome en cuenta los estudios de expertos y gremios del sector al momento de definir el incremento.
Por ahora, el Ministerio de Salud no ha hecho pública su postura ni ha brindado información sobre los avances en el cálculo de la UPC para el próximo año. El tiempo apremia, ya que cualquier retraso podría repercutir seriamente en la eficiencia operativa y financiera del sistema de salud en Colombia para 2025.