El líder social Yusifredo Alvarado Arguello fue víctima de un ataque armado en Sabana de Torres, Santander, durante la madrugada del 25 de diciembre.
Según los informes preliminares, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el defensor de derechos humanos en el barrio Arenales, sector Country.
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Gravemente herido, fue trasladado inicialmente al Hospital Integrado de Sabana de Torres y, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga, donde permanece bajo observación médica.
La Policía Nacional activó un operativo conjunto con las seccionales de Investigación Criminal e Inteligencia Policial para esclarecer los hechos. Entre las acciones realizadas se incluye la recolección de evidencias en el lugar del ataque, análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y recopilación de testimonios que puedan contribuir a identificar a los responsables.
Casos recientes como el de Alvarado subrayan la situación crítica que enfrentan los líderes sociales en Colombia. El pasado 21 de diciembre, en Buga, Valle del Cauca, Diego Tulante, fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cerro Rico, fue asesinado cerca de una escuela rural. De manera similar, el 19 de diciembre, Fabio Alex Ortega Acero, abogado y defensor de derechos humanos en Norte de Santander, perdió la vida a manos de sicarios.
El panorama también es preocupante en otras regiones. El 18 de diciembre, Alexander Picué Tenorio, un líder indígena y docente del Cauca, fue asesinado en Santander de Quilichao. Ese mismo día, Jaime Alexander Betancur, líder campesino de la vereda La Coposa, en Valdivia, Antioquia, también fue atacado fatalmente.
Organismos como Indepaz han documentado un incremento alarmante en los ataques a líderes sociales, señalando que las comunidades más vulnerables continúan siendo blanco de hechos violentos. En este contexto, Yusifredo Alvarado se suma a la lista de líderes que han sufrido atentados, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección y prevención implementadas en el país.
Mientras avanza la investigación del ataque contra Alvarado, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos reiteran la necesidad urgente de reforzar las estrategias de seguridad en las regiones más afectadas.
ONU rechaza atentados y exige medidas para líderes
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia expresó su enérgico rechazo a dos incidentes ocurridos el 24 de diciembre en el departamento del Cauca, afectando directamente a líderes sociales de la región, de acuerdo a información conocida por la emisora colombiana Blu Radio.
A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, la ONU condenó los actos criminales que tuvieron como víctimas a Orgenis Viera y Neider Escué Coicué.
En primer lugar, se refirieron al caso de Orgenis Viera, diputada de la Asamblea del Cauca y destacada lideresa campesina de Fensuagro, quien fue despojada de su vehículo por un grupo armado. Este hecho se suma a la constante vulnerabilidad que enfrentan los defensores de derechos humanos en el Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto.
El segundo incidente tuvo como víctima a Neider Escué Coicué, coordinador de guardias del resguardo indígena San Francisco, en Toribío. Escué fue atacado con arma de fuego en un acto que evidencia los continuos riesgos a los que están expuestos los líderes indígenas en la región.
La ONU hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes. En su declaración, la organización enfatizó: “Solicitamos a las autoridades competentes tomar las medidas necesarias para investigar y sancionar a los responsables de estos dos hechos. Llamamos a fortalecer las medidas de protección y de prevención de la violencia en el Cauca, en particular, para personas defensoras, y líderes y lideresas”.
El mensaje también incluyó referencias directas a cuentas oficiales del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía General de la Nación, exigiendo acciones concretas para garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de defensa de los derechos humanos.
Además de su rechazo a estos ataques, la ONU reiteró la necesidad de establecer políticas efectivas de prevención de la violencia en esta zona del país, donde los líderes sociales, campesinos e indígenas enfrentan amenazas constantes por parte de grupos armados ilegales.