Pese a aumento de salario mínimo, Colombia quedó en el sexto lugar de los países con el sueldo básico más bajo en Latinoamérica

Para la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 2024, se anunció que el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 9,54% en el salario mínimo para el próximo año, 2025, que pasa de $1.300.000 a $1.423.000 mensuales. Con el auxilio de transporte, la cifra asciende a $1.623.500.

Este ajuste, de acuerdo con las declaraciones del jefe de Estado pretenden balancear las necesidades de los trabajadores frente al alto costo de vida en el país y la presión de los empleadores por mantener la competitividad económica.

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Y pese a que empresarios y gremios comerciales advirtieron que un incremento cercano al 10% podría ser perjudicial para la economía nacional, en especial para la sostenibilidad empresarial, la determinación del mandatario contempló otras variables, más en favor de los trabajadores.

Aun así, en América Latina, los salarios básicos pueden ser más altos que el colombiano. De acuerdo con un análisis que publicó el medio especializado La República, Colombia ocupa el sexto lugar entre los países con los salarios mínimos más bajos, con un equivalente aproximado de 322 dólares al mes.

En contraste, países como Costa Rica, Uruguay y Chile lideran el ranking regional con salarios mínimos que superan los 500 dólares.

En el contexto del cierre del año, la negociación del salario mínimo en Colombia estuvo protagonizada por tensiones entre las propuestas de las centrales obreras, que buscaban un aumento del 12%, y el sector empresarial, que planteaba ajustes entre el 5,2% y el 6,8%.

Finalmente, el Gobierno optó por un incremento que reflejaría la inflación y la productividad reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, aspectos clave en la concertación salarial.

Aunque el nuevo salario mínimo supera al de varios países de la región, como Argentina (163 dólares) y Brasil (260 dólares), sigue estando por debajo de economías más estables como Ecuador (460 dólares) y Guatemala (421 dólares), como reportó el diario económico nacional.

En consecuencia, la nueva cifra plantea retos para mejorar las condiciones laborales y la calidad del empleo en el país, en el que, a juzgar por las estadísticas parte de los trabajadores con salario mínimo están en sectores informales y vulnerables.

Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario, citado por el medio, señaló que el aumento no afectará contundentemente la competitividad, ya que otros factores como la reducción de la inflación, tendrían un mayor impacto.

Por su parte, Juan Camilo Torres, experto en relaciones laborales, destacó para el diario la importancia positiva de las negociaciones transparentes y el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos en la Ley 278 de 1996.

“Una vez aprobado el incremento, todo trabajador deberá recibir como mínimo esa remuneración, y estos deberán ser ajustados con el porcentaje definido por el Gobierno”, dijo.

El anuncio fue realizado por el mandatario desde Zipaquirá, Cundinamarca, y no ha dejado de ser ha sido objeto de análisis y críticas tanto por quienes consideran que la medida es adecuada como por quienes advierten sobre posibles impactos negativos en la economía nacional.

Este incremento, que supera la inflación proyectada para el cierre del año, estimada en un 5%, ha sido especialmente defendido por algunos sectores como un paso hacia la redistribución de la riqueza, mientras que otros lo ven como un riesgo para la estabilidad económica en 2025.

Entre los defensores de la medida se encuentra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, que calificó el aumento como una decisión acertada del Gobierno.

Según consignó Semana, Carrascal argumentó que el incremento es necesario para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y criticó a los sectores empresariales que proponían un ajuste cercano al 5,2 %. “¿Con qué creen que la gente de a pie, las mayorías sociales de este país, que son trabajadores y trabajadoras, les compran los bienes y servicios que ofrecen?”, cuestionó la congresista.