Unas de cal y otras de arena: así le fue al Gobierno Petro con sus reformas en el Congreso en 2024

El Gobierno de Gustavo Petro enfrentó un escenario bastante complejo en sus relaciones con el Congreso de la República.

Durante el año 2024, el ejecutivo no solo tuvo que afrontar varias dificultades con el legislativo, como las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) que involucraron a miembros del Senado y la Cámara de Representantes, sino que se agudizaron las diferencias entre el primer mandatario y las Mesas directivas del Congreso, liderados por los senadores Iván Name (que estuvo en la presidencia del Senado hasta el 20 de julio de 2024) y el conservador Efraín Cepeda, respectivamente.

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Ambas situaciones generaron complicaciones en el trámite de las reformas sociales, planteadas por el presidente Petro y su gabinete ministerial, al tanto que solo una de sus grandes iniciativas fue sancionada como ley de la República, mientras que las demás propuestas se encuentran en curso o fueron archivadas por los congresistas.

El proyecto es considerado, tanto por el ejecutivo como por los diferentes sectores del país, como el que le salvó el año al Gobierno de Gustavo Petro en materia política. La reforma pensional, que promueve cambios significativos en el sistema de pensiones del país, y que regirá desde el mes de julio del 2025, fue sancionada el 16 de julio de 2024 por el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Pese a que su trámite, tanto en el Senado como en la Cámara, tuvo varias dificultades, especialmente por las tensiones entre el mandatario nacional y el entonces presidente del Senado, Iván Name, finalmente, la Reforma Pensional fue aprobada en su totalidad el 14 de junio por la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de acoger el texto aprobado por el Senado (aprobado en el mes de abril), un hecho que generó todo tipo de críticas por parte de sectores independientes y de oposición.

La iniciativa fue demandada por distintos políticos opuestos a la Casa de Nariño, como el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos integrantes del partido Alianza Verde, al considerar que hubo irregularidades en su trámite legislativo, por lo que actualmente se encuentra en estudio de la Corte Constitucional.

Tras la aprobación y sanción de la reforma pensional, otro de los proyectos bandera que el Gobierno concentró en su agenda en el legislativo fue la reforma laboral.

La propuesta, que pretende reformar las normas referentes a los derechos y deberes laborales, fue nuevamente presentada en agosto de 2023 en la secretaría de la Cámara de Representantes, después de que fuera archivada en la legislatura 2022 - 2023.

Aunque parecía naufragar en su segundo intento, el 18 de junio de 2024, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó el primer debate de la propuesta, dando un respiro frente a lo que sería su discusión en la plenaria, sumado a la llegada de Jaime Raúl Salamanca a la presidencia de la corporación legislativa (elegido el 20 de julio), uno de los parlamentarios que ha manifestado su postura a favor del Gobierno Petro.

En su segunda discusión, el proyecto liderado por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, fue puesto a debate por más de seis semanas, y tras negarse los impedimentos, proposiciones de archivo y aplazamientos, finalmente el 17 de octubre, la Cámara dio visto bueno al proyecto del Gobierno, con 93 votos a favor y 13 votos en contra.

La reforma laboral continuará su trámite en la Comisión Séptima del Senado, donde se contemplan varios foros y audiencias públicas con gremios de trabajadores y empresarios del país, así como la ciudadanía en general, y se espera que la propuesta sea discutida a finales de febrero o inicios de marzo de 2025.

Una de las primeras iniciativas del Gobierno Petro más cuestionadas fue la reforma a la Salud, que busca transformar el sistema de salud en el país. En su primer intento, la iniciativa fue archivada por la Comisión Séptima del Senado en abril de 2024, luego de que esa corporación acogiera la propuesta presentada por sectores independientes y de oposición.

Posteriormente, la reforma fue nuevamente presentada en el mes de septiembre, asegurando el derecho fundamental a la salud mediante un modelo fundamentado en la atención primaria, ofreciendo beneficios tangibles a la población, según el texto presentado por el Gobierno Petro, en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Tras varios foros y audiencias establecidas por la ley, la iniciativa del Gobierno tuvo su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara en octubre, donde bastaron seis semanas para que el articulado fuera aprobado en su totalidad, y pasara a la plenaria de la cámara baja.

En este escenario, la propuesta comenzó su discusión a inicios de diciembre, pero por falta de cuórum, varias sesiones fueron levantadas. Ante ello, el Gobierno presentó el decreto de sesiones extraordinarias para debatir la reforma, del 17 al 19 de diciembre.

Aunque en este periodo se aprobó su ponencia positiva, la reforma a la salud no alcanzó a aprobarse en su totalidad, por lo que su discusión continuará a partir del 16 de febrero de 2025. Según el ministro Juan Fernando Cristo, la iniciativa ha sido aprobada en un 30 por ciento.

El 8 de octubre, llegó al Congreso la reforma a la justicia, una iniciativa liderada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y la ministra de justicia, Ángela María Buitrago.

El proyecto tiene como objetivo agilizar los procesos penales, así como la descongestión en el sistema acusatorio, así como subrogados y beneficios para los responsables de conductas delictuales, y que por medio de los principios de oportunidad y colaboraciones, se puedan tener mejores opciones para combatir el terrorismo.

Aunque inicialmente, la propuesta tenía un artículo que pretendía otorgar beneficios para quienes cometieran delitos contra menores de edad, y que causó mayor polémica en el país, finalmente el punto fue excluido de la ponencia, teniendo en cuenta que en octubre, se presentaron dos casos de violencia contra menores de edad que conmocionaron a Colombia.

Tras ello, la reforma avanzó sus dos primeras discusiones en el Senado, sin mayores complicaciones, por lo que ahora será debatida en la Cámara de Representantes, en donde se espera que sea acogida por los congresistas.

En materia de agricultura, el Gobierno presentó dos proyectos de ley de Jurisdicción Agraria, con el que busca garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales.

El primero, que definió la estructura de la Jurisdicción, logró superar todos sus debates correspondientes, y fue sancionado por el presidente de la República. Mientras que el segundo, se encuentra actualmente en discusión por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, luego de que el pasado 10 de diciembre avanzó su primer y tercer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas de Senado y Cámara, respectivamente.

A diferencia del proyecto avalado en mitad del 2024, esta iniciativa, radicada con mensaje de urgencia por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pretende garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos de manera pacífica por jueces y magistrados que estén especializados en la administración de justicia bajo los principios y finalidades de las normas agrarias. Su discusión continuará en febrero de 2025 en las plenarias de ambas corporaciones.

Pese a que en 2022, el Congreso le aprobó la primera reforma tributaria, que buscaba un recaudo de más de 50 billones de pesos, en el mes de septiembre de 2024, el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó una nueva ley de financiamiento, que pretendía recaudar más de 11 billones de pesos, con el fin de completar el presupuesto general de la nación para el 2025, que finalmente fue de 511 billones de pesos, según el decreto expedido por el Gobierno Petro.

No obstante, la propuesta económica no tuvo la acogida de las bancadas políticas en el legislativo, quienes mencionaron que desde la Casa de Nariño, no se han ejecutado cerca de 100 billones de pesos del presupuesto del 2024, tal como lo expresó el senador Miguel Uribe a los medios de comunicación.

A pesar de la llegada de Diego Guevara a la cartera, tras la renuncia de Bonilla en noviembre, por su investigación en el caso Ungrd, la reforma tributaria finalmente se hundió en el mes de diciembre, luego de que las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara de Representantes avalaran la proposición de archivo de la propuesta económica, con 17 votos a favor y 12 en contra.

El ministro Guevara no descartó que la Ley de financiamiento o reforma tributaria sea nuevamente presentada en 2025.

En el mes de septiembre, fue radicada la reforma política, una de las propuestas que plantea la transparencia y financiación estatal de las campañas políticas, el fortalecimiento de los partidos políticos, la instauración de listas cerradas y procesos de democracia interna para la elección de las corporaciones, así como la modificación del proceso de selección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La propuesta alcanzó a ser aprobada en la Cámara de Representantes y en la Comisión Primera de Senado. Para el mes de diciembre, se esperaba que la propuesta surtiera su cuarta discusión en la plenaria del Senado, con tal de que en febrero de 2025, iniciará la segunda vuelta en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, en diciembre, la reforma tuvo dificultades en el agendamiento de las plenarias, y aunque estuvo agendada hasta la última fecha, en la sesión del 16 de diciembre, la reforma política no avanzó en su cuarta discusión, por la ausencia de congresistas en el debate.

Tras avanzar sus discusiones en la Cámara de Representantes, y en la Comisión Primera del Senado, instancia en la que logró superar por unanimidad, el proyecto que buscaba reglamentar la educación como un derecho fundamental en Colombia, garantizando acceso y calidad desde la infancia y abriendo nuevas oportunidades, especialmente en zonas rurales y para comunidades marginadas, sufrió un revés en el mes de junio, tras las manifestaciones del gremio docente.

Estos sectores manifestaron que en el articulado se incluyó un modelo de educación mixto, que considerara el desempeño de los estudiantes en las pruebas de Estado como criterio para evaluar a los profesores, o que se diera vía libre a la educación terciaria, lo que generó que los maestros del país cesaran sus actividades hasta que fuera modificado.

Sin embargo, el proyecto no alcanzó a discutirse antes del 20 de junio, fecha limite establecida por la ley, por lo que fue archivada en su totalidad. Esto le costó el cargo a Aurora Vergara, que fue reemplazada por Daniel Rojas, quien no descarta que esta propuesta sea nuevamente presentada en febrero de 2025.