María Isabel Urrutia esquiva un proceso legal, pero tres investigaciones la acechan, de qué más se le acusa

La Procuraduría General de la Nación decidió archivar uno de los procesos disciplinarios contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoro, tras concluir que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones. Este caso en particular estaba relacionado con presuntas irregularidades en la contratación directa de personal durante su gestión en el ministerio. Según el análisis del ente disciplinario, no se evidenciaron violaciones a las normas legales ni a los principios de la contratación estatal, por lo que se inhibió de continuar con la investigación.

A pesar de este archivo, la Procuraduría determinó que en otros dos procesos existen méritos suficientes para avanzar en las investigaciones contra Urrutia. Aunque los detalles de estos casos no fueron revelados, la entidad aseguró que se enfocará en esclarecer si hubo conductas que infringieron las disposiciones legales o los principios éticos que rigen el servicio público.

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En medio de este panorama, la defensa de la exministra reiteró su confianza en que las investigaciones en curso confirmarán que su gestión se desarrolló dentro del marco legal. Han insistido en que Urrutia actuó de manera íntegra y con apego a las normas que regulan la administración pública.

Aunque la exministra del Deporte María Isabel Urrutia logró que uno de los procesos disciplinarios en su contra fuera archivado, enfrenta actualmente tres investigaciones adicionales en las que se le formularon pliegos de cargos. Estos casos, que continúan en curso, están relacionados con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante su gestión.

El primer caso, que guarda relación con el expediente archivado, está vinculado al contrato del sistema biométrico para los estadios. Este proceso es liderado por el delegado Diomedes Yate, de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría. En este caso, las investigaciones buscan determinar si Urrutia violó el principio de transparencia al adjudicar el contrato a Aldesarrollo, una empresa señalada de no contar con las capacidades técnicas necesarias para cumplir con los términos pactados.

Así mismo, uno de los casos más complejos está a cargo del procurador Esiquio Sánchez, que investiga la firma de 95 contratos por parte de Urrutia entre enero y febrero de 2023. Según la Procuraduría, estos contratos fueron celebrados sin cumplir con los principios de transparencia y responsabilidad, ya que su finalidad no fue cumplir con los objetivos del Ministerio del Deporte, sino asegurar la continuación de ciertos contratistas en la entidad mediante contratos de prestación de servicios profesionales hasta finales de 2023.

Por último, Urrutia está siendo evaluado por la Procuraduría después de que no entregara el informe de gestión correspondiente a su paso por el ministerio, tras ser declarada insubsistente por el presidente Gustavo Petro en 2023. La solicitud para entregar dicha documentación fue realizada por la jefa de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio del Deporte antes de su salida del cargo, como parte del procedimiento habitual cuando un funcionario deja su puesto. Sin embargo, Urrutia no cumplió con este requerimiento, lo que originó que el caso fuera remitido a la Procuraduría.

La ponencia del proceso está a cargo de Tatiana del Carmen Moreno, que deberá analizar si la exministra incurrió en una falta por omitir la entrega del informe de gestión. Este tipo de informe es fundamental para garantizar la transparencia y el adecuado control sobre las gestiones del ministerio, por lo que la omisión de Urrutia podría ser considerada como una violación a las normativas administrativas y legales. El proceso disciplinario sigue en curso, y la Procuraduría deberá determinar si las acciones de la exministra constituyen una infracción de los deberes establecidos por la ley.