El esquema de seguridad para los congresistas colombianos ha sido, a lo largo de los años, una de las partidas más significativas en el presupuesto de las dos corporaciones legislativas. Este gasto fue en aumento, y para el primer semestre de 2025, se estima que superará los 30.000 millones de pesos, lo que representa un considerable desembolso de recursos públicos.
El más reciente acuerdo en este sentido fue firmado el 20 de diciembre entre el Senado de la República y la Unidad Nacional de Protección (UNP), de acuerdo con la información recopilada por la revista Cambio. Según este contrato, que tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2025, el costo total de los esquemas de seguridad para los 108 senadores alcanzará los 38.454 millones de pesos. Esta cifra incluye tanto el dinero que aportará la corporación como los recursos que la entidad de seguridad invertirá en especie.
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Del presupuesto total, el Senado aportará 24.464 millones en efectivo, que serán transferidos en un único pago antes de finalizar el año. Por su parte, la UNP proporcionará los 13.990 millones restantes en forma de servicios, que incluyen 209 hombres de protección y siete funcionarios administrativos.
Además, el contrato cubre el arriendo de 216 camionetas, que serán asignadas a los senadores para su seguridad personal. De estas, 209 cuentan con blindaje IIIA y siete con nivel III, todas de modelo 2021 o superior, con sistema 4x4 y un cilindraje de al menos 2.750 centímetros cúbicos. El costo de arrendamiento mensual de cada una de estas camionetas varía entre 14 y 20 millones de pesos, dependiendo del modelo, según explicó el medio citado.
Cabe destacar que, según estudios previos, el Senado optó por contratar el servicio con la UNP en lugar de adquirir o arrendar las camionetas por cuenta propia. Esta opción, según las autoridades, resulta ser más económica a largo plazo, ya que en los últimos dos años, el gasto en esquemas de seguridad por parte del Senado ha ascendido a 51.000 millones de pesos, con un pico histórico en 2017, cuando se firmó un contrato de renta de vehículos por 53.000 millones de pesos con un consorcio privado.
Por otro lado, la Cámara de Representantes, que dispone de 188 curules, tiene un gasto aún mayor en sus esquemas de seguridad. El contrato de 2024 con la UNP tuvo un costo de 84.000 millones de pesos, de los cuales la Cámara aportó 70.000 millones en efectivo y la UNP contribuyó con 14.000 millones en especie.
Este acuerdo cubrió la asignación de 401 camionetas para los representantes, considerando que 172 de ellos tienen derecho a dos vehículos, mientras que a los congresistas de las curules de paz se les asigna una camioneta adicional. Además, los funcionarios de la Cámara, como el director administrativo y los secretarios de las comisiones constitucionales, también tienen asignados vehículos y escoltas
El total de gastos en esquemas de seguridad para las dos corporaciones del Congreso en 2024 ascendió a 94.000 millones de pesos. Esta cifra, en un contexto de austeridad fiscal y apreturas económicas, provocó interrogantes sobre la viabilidad de seguir destinando semejantes recursos a estos esquemas, especialmente cuando se observa que, en épocas de crisis económica, el Gobierno implementó políticas de reducción del gasto público.
Es importante señalar que, según la justificación de la UNP, la protección de los legisladores es una necesidad dada la exposición constante a riesgos para su vida e integridad física. “El Estado debe garantizarles protección por estar dichos legisladores de manera permanente expuestos a eminentes peligros para su vida e integridad física y adelantar las acciones necesarias para prevenir todo acto que conduzca a la desestabilización de las instituciones”, se menciona en el convenio al que tuvo acceso la revista mencionada.