Mentiras sobre cuotas alimentarias: abogado explicó los riesgos legales y cómo protegerse ante denuncias infundadas

La cuota de alimentos en Colombia incluye todos los elementos necesarios para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, tales como alimentación, vivienda, vestido, educación, salud, recreación y transporte.

Además, la ley establece que, antes del nacimiento, el padre debe cubrir los gastos de embarazo y parto; sin embargo, situaciones en las que una de las partes mienta sobre el cumplimiento de estas obligaciones pueden acarrear consecuencias legales significativas.

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Jimmy Jiménez, abogado de familia en el Bufete Integrity Legal, explicó que la cuota alimentaria puede alcanzar hasta el 50 % del salario mensual del padre o madre obligado, según el número de hijos.

Esta obligación puede ser ajustada conforme a las necesidades del menor y las capacidades económicas del progenitor, además, el incumplimiento de esta responsabilidad puede ser denunciado ante la Fiscalía General de la Nación o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Cuando uno de los padres alega incumplimiento sin fundamento y el otro tiene pruebas que demuestran lo contrario, la situación puede derivar en implicaciones legales.

En ese sentido, Jiménez aclaró que conservar evidencia de los pagos realizados es fundamental para evitar que una denuncia injustificada prospere.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, el abogado abordó las posibles sanciones a las que se enfrenta un padre o madre que mienta sobre el cumplimiento de la cuota alimentaria.

Entre las implicaciones legales más relevantes, destacó:

• Falsa denuncia: si uno de los padres acusa falsamente al otro de inasistencia alimentaria ante la Fiscalía, se podría configurar el delito de falsa denuncia. Este delito, aunque no es sencillo de probar, puede llevar a sanciones legales si se demuestra que la denuncia carece de fundamento.
• Fraude procesal: en casos en los que se inicie un proceso judicial con documentos falsificados o argumentos fraudulentos, como demandas ejecutivas de alimentos basadas en información falsa, se puede configurar el delito de fraude procesal. Este delito busca sancionar intentos de manipular a un juez para obtener un resultado injusto.
• Reclamación por daños y perjuicios: si la denuncia o demanda fraudulenta causa un perjuicio grave, como la pérdida de una oportunidad laboral debido a un impedimento de salida del país o un reporte negativo en sistemas de crédito, el afectado puede presentar un proceso declarativo para solicitar una compensación económica.

Jimmy Jiménez enfatizó la importancia de conservar soportes de pago de la cuota alimentaria, como consignaciones bancarias.

Advirtió que algunos documentos, como los recibos impresos en papel térmico, pueden deteriorarse con el tiempo, lo que terminaría por dejar al padre o madre sin pruebas de sus aportes.

Escanear estos documentos y conservar copias digitales es una práctica recomendable para protegerse en caso de conflictos legales.

El abogado también subrayó que, en Colombia, el principio de “el que paga mal paga dos veces” no está consagrado en la ley, pero se aplica en la práctica.

Esto significa que, si un padre o madre no puede demostrar que realizó los pagos, podría verse obligado a repetirlos, incluso si ya cumplió con sus obligaciones.

La cuota alimentaria puede ser modificada cuando las necesidades del menor o la situación económica del padre o madre cambien significativamente.

Además, si una cuota no se cumple, se puede exigir el pago retroactivo desde el momento en que fue pactada o fijada por las autoridades.

Sin embargo, cuando una de las partes pretende aprovecharse de esta obligación mediante denuncias falsas, no solo enfrenta posibles sanciones legales, sino que se expone al sistema judicial a procesos innecesarios que afectan a todos los involucrados.

Las denuncias falsas no solo representan un abuso del sistema judicial, también afectan el bienestar de los menores, quienes son los principales beneficiarios de la cuota alimentaria.

Estas acciones pueden ser vistas como una manipulación que pone en riesgo la relación entre padres e hijos, además de generar costos emocionales y económicos para ambas partes.

Por tal motivo, Jiménez concluyó su análisis señalando que, si bien existen mecanismos legales para proteger a los padres que cumplen con sus obligaciones, el proceso puede ser costoso y demandante, por ello, instó a conservar evidencia y buscar asesoría jurídica cuando sea necesario.