El 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro tiene previsto asumir un nuevo mandato como presidente de Venezuela. Sin embargo, el evento está rodeado de controversia debido a las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral que respaldó su triunfo. Este escenario también plantea un dilema significativo para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aún no ha decidido si participará en la ceremonia de toma de posesión.
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Contexto electoral en Venezuela
La reelección de Maduro sigue siendo motivo de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Las elecciones del 28 de julio se vieron empañadas por denuncias de irregularidades, la ausencia de observación independiente y protestas que dejaron al menos 28 personas muertas, cerca de 200 heridas y más de 2.400 manifestantes detenidos. Estos acontecimientos alimentaron las críticas hacia el régimen y reforzaron la exigencia de mayor transparencia, como la presentación de actas de las máquinas de votación.
Luis Gilberto Murillo, canciller colombiano, ha sido enfático en su postura sobre la necesidad de dichas actas para legitimar el proceso electoral venezolano. Murillo también ha recomendado que Petro se abstenga de asistir a la posesión, una decisión que el presidente colombiano deberá tomar de manera personal.
“El presidente recibió una invitación, él está reflexionando y tomará una decisión y la comunicará en su debido tiempo. Yo no he recibido invitación. Pero lo que hemos dicho claramente es que no hubo actas, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, pues obviamente no hay asistencia”, dijo en entrevista con El Espectador.
La posición de Gustavo Petro
El presidente Petro enfrenta presiones tanto a nivel interno como externo. En el ámbito doméstico, sectores políticos y el Congreso de la República han instado al mandatario a distanciarse del gobierno de Maduro. En declaraciones recientes, Petro adoptó un tono desafiante al afirmar que decidirá su asistencia en el momento oportuno: “El problema del 10 de enero lo resolveremos el 10 de enero”.
Por otro lado, el gobierno venezolano, con el que Colombia ha buscado fortalecer relaciones políticas y económicas, presiona para asegurar la participación de Petro, ya que la presencia de líderes regionales podría interpretarse como un respaldo implícito a la legitimidad del proceso electoral venezolano. Para Maduro, este reconocimiento es crucial en su lucha por disipar las críticas internacionales.
Un dilema político y diplomático
Según Jorge Munévar, consultor económico y social consultado por Infobae Colombia, la asistencia del presidente Petro lo ubica en situación de debate público. Por un lado, acudir podría ser percibido como un acto de respaldo a unas elecciones cuestionadas; por otro, la ausencia podría tensar las relaciones bilaterales, especialmente tras los esfuerzos recientes por reactivar el comercio y la cooperación con Venezuela. Subraya que cualquier decisión podría tener repercusiones significativas.
“Se crea una situación muy compleja para las relaciones internacionales y la diplomacia colombiana. Estamos hablando de un país hermano y con una larguísima historia de relaciones bilaterales”, expuso, haciendo énfasis en las posturas de gobiernos como el de Estados Unidos y de varios países de la Unión Europea, que han manifestado su abierto rechazo a la cuestionada victoria de Maduro. De hecho, bajo esa perspectiva, reconocen a Edmundo González como presidente electo.
“Si el presidente asiste a la posesión legitima al régimen de Maduro y sería incoherente en su posición de mediador en la transición política de Venezuela. Si asiste, toma una línea de corte socialista, colocando a Colombia en una compleja situación con occidente y con Estados Unidos, más teniendo en cuenta la postura del presidente electo Donald Trump”, señaló a este medio.
La relación entre Colombia y Venezuela tiene un trasfondo complejo, marcado por la historia reciente de tensiones políticas, migratorias y económicas. Desde su llegada al poder, Petro ha priorizado reconstruir los lazos con el vecino país, reconociendo la importancia de la cooperación bilateral para la seguridad regional y el comercio.
No obstante, esta aproximación debe equilibrarse con la necesidad de mantener una postura firme en la exigencia de transparencia y respeto a los principios democráticos. Como señala Chacón, Venezuela tiene menos que perder en este contexto, mientras que Colombia enfrenta riesgos mayores si la relación se deteriora.
Independientemente de la decisión final de Petro, la postura de Colombia debe continuar exigiendo claridad en el proceso electoral venezolano. Esto no solo refuerza la imagen de un país comprometido con los valores democráticos, sino que también contribuye a fortalecer la estabilidad regional. A medida que se acerca el 10 de enero, el gobierno colombiano deberá evaluar cuidadosamente cómo equilibrar sus intereses diplomáticos, políticos y económicos frente a un escenario tan delicado.