En la jornada del lunes 23 de diciembre, a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro anunció que María Clara Galvis Patiño será la candidata para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de Colombia.
Galvis destaca por, entre otras cosas, haber sido vicepresidenta del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y magistrada auxiliar de la Justicia Especial para la Paz (JEP).
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Perfil de la candidata de Colombia para la CIDH
La candidata de Colombia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una reconocida experta en derecho constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Su trayectoria profesional y académica se destaca por su amplia experiencia en la enseñanza, litigio, investigación y asesoría en temas relacionados con sistemas de protección internacional de los derechos humanos.
Actualmente es profesora en la Universidad Externado de Colombia, donde imparte cátedras sobre derecho constitucional y sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Además, enseña sobre el sistema universal de protección de derechos humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en Washington D.C.
En su trayectoria académica, ha sido profesora en prestigiosas universidades colombianas como la Javeriana, Nacional, Santo Tomás y Sergio Arboleda, además de profesora invitada en la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Berg de España.
Entre 2015 y 2019, fue miembro del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, donde ocupó la Vicepresidencia entre 2017 y 2019. También ha trabajado como abogada sénior en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y como asesora jurídica sénior en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), destacándose en litigios ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el ámbito nacional, ha desempeñado cargos relevantes como asesora del exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, y de la exfiscal General de la Nación, Viviane Morales. Fue magistrada auxiliar en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y Directora Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
Ha publicado artículos e investigaciones sobre diversos temas, incluyendo desaparición forzada, justicia transicional, derechos de los pueblos indígenas, y empresas y derechos humanos. También ha dictado conferencias en países de América y Europa, como Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Italia y Perú.
En su labor como consultora, ha trabajado con importantes organizaciones internacionales como USAID, GIZ, Save the Children Suecia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Retos que enfrentará en la CIDH
- Fortalecimiento del Sistema Interamericano: Deberá trabajar en la consolidación de la legitimidad y eficiencia del sistema, en un contexto donde algunos Estados cuestionan su autonomía y relevancia.
- Crisis de derechos humanos en la región: La persistencia de violaciones graves en países como Venezuela, Nicaragua y Haití exigirán respuestas claras y contundentes, buscando un balance entre la presión diplomática y la colaboración con los Estados.
- Acceso a la justicia para las víctimas: Garantizar que los casos presentados ante la CIDH sean procesados de manera oportuna y con resultados efectivos para las víctimas de violaciones a los derechos humanos será crucial.
- Protección de grupos vulnerables: Deberá priorizar la atención a poblaciones como niños, mujeres, pueblos indígenas y comunidades LGBTIQ+.
- Innovación en mecanismos de protección: La adaptación del sistema interamericano a nuevas problemáticas, como el cambio climático y su impacto en los derechos humanos, o el rol de las empresas en contextos de conflicto, serán retos de gran relevancia.
- Fortalecimiento de la colaboración internacional: Deberá potenciar las alianzas con otros organismos internacionales y sociedad civil para maximizar el impacto de las recomendaciones y decisiones del sistema.
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