Ministra de justicia aseguró que no hay crisis entre el Gustavo Petro y las altas cortes, a pesar de los señalamientos sobre un “golpe blando”

La relación entre el presidente Gustavo Petro y las altas cortes atraviesa un momento de tensión, marcado por los recientes cuestionamientos del mandatario hacia decisiones del Consejo de Estado, calificadas por él como “golpe blando” y “perfidia”.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró en una entrevista con la revista Cambio que, desde su perspectiva, las relaciones institucionales entre el Ejecutivo y las cortes se mantienen sólidas y colaborativas.

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De acuerdo con lo expresado por Buitrago, el Ministerio de Justicia ha trabajado de manera conjunta con las diferentes instancias judiciales en proyectos clave, como el principio de oportunidad y los preacuerdos con la Corte Suprema de Justicia, así como en temas de justicia interseccional con el Consejo Superior de la Judicatura.

“Yo entiendo que hay manifestaciones o actitudes que pueden mostrar algún sobresalto por alguna comunicación en particular, pero las relaciones institucionales­ –y es el Ministerio quien tiene la obligación de tener esas relaciones– son muy buenas. No he tenido ningún desaire, ningún choque, ningún problema: ni desde la cabeza del presidente ni desde la cabeza de las Cortes. Puede que haya ocasiones en que se pronuncian ciertas cosas, pero hasta ahí. El Ministerio de Justicia ha asistido a todos los actos de las Cortes”, señaló la ministra Buitrago.

Además, destacó los avances en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el desarrollo de sanciones propias. Según la ministra, estas acciones reflejan una relación armónica y productiva, a pesar de las percepciones de distanciamiento entre el presidente y las Cortes.

En cuanto a las declaraciones de Petro, Buitrago señaló que, aunque algunos comentarios del mandatario puedan generar confusión en el país, no implica que haya una ruptura de relaciones entre el Ejecutivo y los magistrados.

“Yo creo que hay una disposición desde el presidente, porque si él tuviera una postura diferente, me diría: ‘usted no se reúne con las Cortes’. Al contrario, firmó el decreto en que él genera la condecoración para los magistrados de las Altas Cortes. Incluso cuando salíamos de la condecoración, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le dijo a la prensa que no querían que los indispusieran pues no tenían ningún problema con el mandatario”, afirmó.

La ministra también destacó al medio citado que no ha enfrentado desaires ni conflictos con las cabezas de las Cortes, y que el Ministerio ha estado presente en todos los actos oficiales de estas entidades.

Otro tema abordado en la entrevista fue la reciente salida de Ricardo Bonilla del Ministerio de Hacienda, en medio de un escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según Buitrago, Bonilla es una persona “mesurada, responsable y trabajadora”, y destacó que, hasta el momento, la Fiscalía no ha imputado cargos en su contra, a pesar de que el caso lleva un año en investigación.

La ministra hizo énfasis en la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar juicios anticipados. “El escándalo de la Ungrd lleva un año y no lo han imputado. Eso significa que también se le debe el derecho a la presunción de inocencia”, declaró.

Asimismo, reconoció que la situación ha generado ruido en el gabinete, pero insistió en que corresponde a la justicia esclarecer los hechos.

En cuanto al cumplimiento del fallo de la Corte IDH en el caso Petro, la ministra fue enfática al señalar que no se ha cumplido plenamente. Este fallo establece que solo un juez penal puede afectar los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular, lo que contradice la interpretación de las cortes colombianas, que han permitido que la Procuraduría sancione a estos funcionarios.

Buitrago afirmó que es necesario presentar una reforma para alinear la legislación colombiana con los estándares internacionales. “Juez penal es juez penal. No se pueden homologar competencias a un juez administrativo”, explicó. Según la ministra, apartarse de las decisiones de la Corte IDH sería incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Colombia.

Aunque no adelantó detalles sobre la reforma, Buitrago dejó claro que el objetivo es garantizar que solo un juez penal pueda tomar decisiones que afecten los derechos políticos de los funcionarios electos. También destacó que esta medida busca proteger el equilibrio entre los poderes y evitar que intereses políticos interfieran en decisiones judiciales.