Lejos de acabar con los negocios ilícitos en el país, el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) ha revelado que, en Colombia, se ha fortalecido un fenómeno alarmante que estarían promoviendo los principales grupos armados del país.
Según indicó la fundación, en el país va al alza la presencia de grupos armados en las principales ciudades de Colombia, dejando a un lado la “guerra” que se vive en las zonas rurales con las Fuerzas Militares.
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Según el documento, estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del ELN han extendido su influencia más allá de las áreas rurales, consolidándose en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cúcuta.
Este fenómeno, denominado por pares como la “urbanización del conflicto en Colombia”, se caracteriza por el control indirecto de economías ilícitas como la extorsión y el microtráfico, a menudo mediante alianzas con bandas criminales locales.
De acuerdo con el informe de Pares, el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha implementado un modelo de tercerización para expandir su control en las ciudades.
Este grupo, considerado la mayor estructura criminal del país, subcontrata bandas menores para operar actividades ilícitas, como el microtráfico de drogas y la extorsión, mientras ejerce presión violenta sobre quienes amenazan sus intereses. Un ejemplo de esta estrategia se observaría en Quibdó, donde el Clan ha desplazado a bandas locales como los “Locos Yam”, “Mexicano”s y “RPS”, todas en proceso de diálogo con el Gobierno, para consolidar su dominio territorial y aumentar sus ingresos ilegales.
El informe también destaca que los centros urbanos ofrecen oportunidades únicas para los grupos armados, como el lavado de activos y la integración de rentas ilícitas en economías legales. Según Pares, la alta rentabilidad de la extorsión ha llevado a estos grupos a emplear esta práctica de manera recurrente en las periferias de las ciudades.
Laura Bonilla, directora de Pares, explicó que el conflicto armado ha mutado en las ciudades, donde el EGC actúa como un “holding criminal”, gestionando redes y adaptándose a las dinámicas urbanas para mantener su control territorial.
“Hay grupos que están acampando más en los centros urbanos porque la guerra insurgente y contrainsurgente no ha ido más. Ese es un ciclo que relativamente cerramos con el proceso de paz con las Farc. De esa generación, el ELN tiene presencia urbana, pero son muy distintas. Lo que hay es un Ejército Gaitanista que teje redes y empieza a adaptarse mutando a la ciudad controlando la extorsión y el cobro de economías como alternativas para continuar su existencia y seguir con el control, mientras que en los mejores años del narcotráfico alcanzaba para todo”, señaló la directora en diálogo con El Espectador.
En ese sentido, la capital del país se ha convertido en un escenario clave para la confrontación entre actores armados y bandas criminales. Según el informe, la llegada del grupo venezolano Tren de Aragua ha intensificado la violencia, con un aumento de homicidios selectivos y extorsiones en la ciudad.
El Clan del Golfo ha consolidado su presencia en Bogotá mediante alianzas con bandas locales como La Oficina de San Andresito, Los Boyacos, Los Paisas, Los Costeños, Los Camilos y Los Pereiranos, con el objetivo de enfrentar al Tren de Aragua y expandir su control territorial.
El informe de Pares advierte que esta disputa territorial ha generado homicidios con altos niveles de violencia, incluyendo la exposición pública de cuerpos y el uso de grafitis para marcar territorios. Incluso, líderes sociales han denunciado la creciente presencia del Clan del Golfo en barrios de Bogotá, donde los grafitis con las siglas AGC y EGC son cada vez más comunes.
Según datos oficiales, entre enero y octubre de este año se han registrado 988 homicidios en la ciudad, un aumento del 11,63% en comparación con 2023. De hecho, se estima que 2024 podría cerrar con más de 1.100 homicidios, una de las cifras más altas de los últimos años.
En Medellín y el Valle de Aburrá, el control territorial está dominado por bandas criminales locales, como La Oficina de Envigado, cuyos líderes participan en diálogos de paz con el Gobierno desde la cárcel de Itagüí. Sin embargo, el Clan del Golfo es el único grupo armado que ha intentado incursionar en este territorio, aunque su confrontación con La Oficina no se ha traducido en actos de violencia directa. Según el informe, la violencia podría estallar en las periferias de la ciudad si las tensiones aumentan.
En Cali, la situación es más compleja debido a la presencia de múltiples grupos armados que buscan controlar las rutas del narcotráfico hacia el puerto de Buenaventura.
El Bloque Jairo de Jesús Arango del Clan del Golfo ha consolidado su influencia en zonas como Buenaventura, Dagua, Jamundí y la Comuna 10 de Cali. Además, el Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por Iván Mordisco, ha fortalecido su actividad en el corredor Cali-Jamundí, donde se han registrado actos violentos y un aumento exponencial de homicidios y amenazas.
El informe señala que en Cali también se ha implementado la tercerización de actividades ilícitas. Por ejemplo, La Oficina de Jamundí ha establecido alianzas con el Frente Jaime Martínez del EMC para operar en barrios como El Rodeo, Terranova y Bonanza, donde se reportan homicidios, extorsión e instrumentalización de menores.
En Santa Marta, el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) se disputan el control de las rentas ilícitas urbanas, especialmente en el puerto y los corredores estratégicos de la ciudad. Según la Policía, las Acsn controlan el 70% de la cocaína consumida en la ciudad, mientras que la extorsión a comerciantes es su principal fuente de ingresos.
En el departamento de Nariño, la ubicación geográfica ha convertido a la región en un nodo central para el narcotráfico. En ciudades como Pasto e Ipiales, se han identificado 26 grupos delincuenciales, de los cuales 21 son de nivel local. Estas estructuras están asociadas principalmente a actividades de extorsión y microtráfico.
El informe concluye que, aunque las confrontaciones armadas y las violaciones a los derechos humanos siguen concentrándose en áreas rurales, la transformación del conflicto en Colombia ha llevado a una creciente incidencia de grupos armados en las ciudades, lo que representa un riesgo para las comunidades urbanas.