Los nombres de Olmedo López y Sneyder Pinilla ya no son desconocidos en todo el país, después de conocerse el mayor escándalo del Gobierno Petro que involucró el robo de una millonaria suma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y en el que resultaron salpicados, al menos, seis congresistas.
Sin embargo, para la Fiscalía General de la Nación, los dos exfuncionarios del Gobierno Petro ya eran viejos conocidos, pues en su contra cursan otros procesos legales que datan del 2019 y que, casi cinco años después, siguen sin ser solucionados.
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Según un informe publicado por la revista Cambio, el exdirector y exsubdirector de la Ungrd enfrentan denuncias por presuntos actos de corrupción que incluyen apropiación indebida de recursos públicos y administración desleal.
Uno de los casos más relevantes involucra a Sneyder Pinilla, que fue alcalde de Sabana de Torres, en el departamento de Santander, entre 2016 y 2019. Durante su administración, Pinilla habría suscrito contratos de prestación de servicios que, según las denuncias, solo existieron en papel. Estos acuerdos, que nunca se ejecutaron, habrían servido como un mecanismo para apropiarse de recursos públicos.
Contratos fantasma y desvío de fondos en Sabana de Torres
El expediente conocido por Cambio detalla que Pinilla, junto con su esposa Lina Marcela Lucumí, habría utilizado estos contratos ficticios para quedarse con el dinero destinado a los supuestos contratistas. Según la denuncia presentada, la entonces auxiliar administrativa de la Alcaldía Karen Hernández tendría conocimiento de que los contratos se firmaban a nombre de personas que nunca trabajaron en la administración municipal.
Estas personas, además, no habrían recibido los pagos correspondientes, ya que los fondos eran desviados directamente hacia Pinilla y su círculo cercano.
Uno de los casos más llamativos dentro de esta trama es el de un contratista ficticio al que se le adjudicaron siete contratos que jamás se ejecutaron. Según el denunciante, Hernández cobraba a estos contratistas por realizar los informes y actas necesarias para justificar los pagos, pero el dinero terminaba en manos de Pinilla.
La funcionaria, que tenía a su cargo la revisión de los contratos y su envío a la Secretaría de Hacienda, también ha sido señalada por su presunta complicidad en estos hechos.
La denuncia presentada ante la Fiscalía solicita que se investigue a Pinilla por delitos como peculado, concusión, cohecho y celebración indebida de contratos. Asimismo, se pide que se investigue a Hernández por prevaricato por omisión y abuso de autoridad, debido a su conocimiento de las irregularidades y su falta de denuncia. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Cambio reportó que el proceso judicial no ha avanzado, a pesar de que la denuncia fue impuesta hace más de cinco años.
Además de los contratos fantasma, Sneyder Pinilla enfrenta otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Según reveló Blu Radio, un político de Santander lo acusó de utilizar un esquema para ocultar bienes adquiridos con recursos provenientes de la corrupción durante su gestión como alcalde. Sin embargo, al igual que en el caso de los contratos ficticios, no se han registrado avances en este proceso.
Olmedo López y el supuesto desfalco a sus socios
Por su parte, Olmedo López, quien también estuvo al frente de la Ungrd, enfrenta acusaciones relacionadas con su rol como socio mayoritario de la empresa Comercializadora Practimax S.A.
Según denuncias presentadas por otros socios de la compañía, López habría utilizado su posición para apropiarse de más de 800 millones de pesos.
El conflicto comenzó en 2019, cuando los socios Carlos Mario Zapata Flórez y Cristian Vacca denunciaron a López y a su hermano, Leocadio de Jesús López, por administración desleal.
Según los denunciantes, Olmedo López habría utilizado las tarjetas de crédito de la empresa para cubrir gastos personales entre 2015 y 2019, violando los estatutos de la compañía y causando un perjuicio económico a los socios y a la compañía.
Uno de los episodios más controvertidos de este caso involucra un préstamo de 300 millones de pesos que la empresa Practimax otorgó a López en mayo de 2018.
Según la denuncia, dada a conocer en su momento por El Tiempo, estos recursos habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. Según el informe, López habría llevado el dinero en efectivo a la campaña, lo que generó sospechas sobre el origen de los fondos.
Aunque López aseguró haber devuelto el dinero a la empresa en septiembre de 2019, fuentes cercanas al proceso indicaron a Cambio que esto no ocurrió.
A pesar de las múltiples denuncias y de la gravedad de las acusaciones, los procesos judiciales contra Olmedo López y Sneyder Pinilla permanecen sin resolverse.
Según informaron fuentes conocedoras del caso a la revista, aunque la Fiscalía ha dispuesto actividades de verificación y diligencias de policía judicial, estas acciones no han resultado en decisiones concretas. Además, aseguraron que, en muchos casos, estas órdenes judiciales son una señal de que los expedientes están archivados.