Con un enérgico pronunciamiento, el Centro Democrático, partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció el domingo 22 de diciembre a la búsqueda de cuerpos que adelanta el personal adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, que deja hasta el momento el hallazgo de tres cadáveres, de los que se pretende establecer a qué víctimas del conflicto armado corresponden.
En su comunicado, titulado Desmintiendo falsas narrativas sobre la Comuna 13, La Escombrera y la Operación Orión, la colectividad presentó su postura frente a las recientes discusiones sobre estos hechos históricos y puso en tela de juicio el objetivo principal de estas excavaciones, lideradas por antropólogos forenses, pues estarían siendo politizadas en favor del primer mandatario de los colombianos.
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La representatividad señaló que las desapariciones en esta zona comenzaron en 1978 y se extendieron hasta 2016. Y citó cifras publicadas por el diario El Colombiano, que destacó que en La Escombrera se registran al menos 502 personas dadas por desaparecidas, de acuerdo con la información de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).
En este sentido, el comunicado del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recordó que en octubre de 2002 se ejecutó la Operación Orión: un operativo militar llevado a cabo con el objetivo de recuperar el control estatal en la Comuna 13, que estaba bajo el dominio de guerrillas y paramilitares. Según esta colectividad, esta intervención, coordinada en el periodo del ex jefe de Estado, “se realizó con respeto a los derechos humanos” y contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Centro Democrático se apoyó en las declaraciones de la exvicepresidenta Ramírez para desvirtuar labor de la JEP
En su hilo en redes sociales, que constó de 10 puntos, el Centro Democrático también destacó las declaraciones de Marta Lucía Ramírez, que en ese entonces era ministra de Defensa del expresidente Uribe y posteriormente se desempeñó como vicepresidenta en el gobierno de Iván Duque Márquez, que defendió la legalidad de las acciones emprendidas durante la operación.
“Nunca jamás en mi vida he insinuado, ni ordenado, ni facilitado de ninguna manera, que se le dé muerte a un colombiano, ni con los paramilitares ni con nadie”, indicó Ramírez. Asimismo, insistió en que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional actuaron como lo estipula el uso legítimo de la fuerza del Estado para combatir a los grupos armados criminales que tenían azotadas a la población.
La colectividad recordó cómo se habrían implementado programas sociales para reconstruir el tejido social en la Comuna 13, en uno de los apartes de su comunicado que más cuestionamientos causó entre sus detractores. Y citó al entonces alcalde de Medellín, Luis Pérez Gutiérrez, que defendió la necesidad de la operación para restablecer el orden en la zona. En el comunicado, se expone que estas medidas propiciaron “el renacimiento de la Comuna 13”, que hoy es reconocida como un destino turístico y un epicentro cultural de la ciudad.
Y, en lo que respecta a los hallazgos recientes en La Escombrera, el partido informó que, tras arduos trabajos de búsqueda, solo se han encontrado tres cadáveres que aún no han sido identificados.
Con ello, advirtió que no se ha determinado por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si estas víctimas eran civiles, militares, guerrilleros, paramilitares o miembros de bandas delincuenciales, ni a qué periodo histórico corresponden. Por lo que se apresuraron a calificar de “falaz e irresponsable” cualquier intento de sacar rédito en materia política estos hechos.
“Busca instrumentalizar políticamente hechos que merecen respeto en honor a las víctimas y a la verdad”, precisó el Centro Democrático.
Por último, el comunicado concluyó con el reconocimiento a las iniciativas económicas y sociales que actualmente florecen en la Comuna 13, con el impacto positivo que tuvo la implementación de la Seguridad Democrática durante el gobierno de Uribe Vélez. Según el partido, este programa permitió ejercer el control estatal en territorios previamente dominados por grupos armados.