Carlos Alberto Chaparro Sánchez, que se desempeñó como director de Sapiencia durante la administración de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, está siendo investigado por presuntas irregularidades en un contrato firmado en 2023.
La Personería Distrital de la capital de Antioquia, a través de un proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, abrió una investigación en su contra, relacionada con el contrato 312 del mismo año, cuyo objeto fue el arrendamiento de espacios dentro de la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA), que incluye locales como restaurantes, cafeterías, fruteras, misceláneas y máquinas de vending.
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Según la Personería, el contrato de arrendamiento fue pactado con una fecha de terminación en 2031, pese a que el comodato de Sapiencia con la Secretaría de Educación de Medellín solo está vigente hasta octubre de 2026. Este aspecto del contrato fue identificado como uno de los puntos que podrían constituir una anomalía.
El Ministerio Público ahora investiga los hechos con el fin de determinar si existen responsabilidades disciplinarias por parte de Chaparro. A lo largo del proceso, se recabarán pruebas, y, dependiendo de los resultados, se podría formular un pliego de cargos o archivar la investigación.
Pero es importante resaltar que no es el primer señalamiento contra un exfuncionario de la pasada administración de Daniel Quintero, pues Chaparro fue vinculado a otros investigados por diferentes entes de control. Su nombre figura en más de 500 hallazgos entregados por la administración del exalcalde Federico “Fico” Gutiérrez a las autoridades, que apuntan a una posible falta de transparencia y buenas prácticas en diversos contratos durante la administración de su antecesor.
De hecho, la Contraloría Distrital está realizando un seguimiento a dos contratos firmados por Chaparro, en 2022 y 2023, los cuales fueron objeto de una contratación directa.
Uno de esos contratos, por un valor de $3.000 millones, se firmó en 2022 y el otro por $6.000 millones en 2023. Ambos tenían como propósito el desarrollo de una estrategia digital para fortalecer el aprendizaje del inglés en el Distrito de Medellín. La modalidad de contratación directa fue justificada bajo el argumento de que no existía pluralidad de oferentes, lo que impidió que se llevara a cabo una licitación pública.
De acuerdo con la información recopilada por El Colombiano, el contratista seleccionado para ambos proyectos fue la empresa Corprefer S.A.S., dedicada al desarrollo de soluciones de formación, desempeño y selección. A pesar de que la compañía se presenta como una empresa enfocada en crear portales web y soluciones tecnológicas, su vinculación a un proyecto de capacitación en inglés ha suscitado preguntas.
Según con su perfil público y los datos expuestos el diario en mención, la compañía no parece tener una experiencia destacada en el campo específico de la formación de idiomas, lo que provocó dudas sobre la idoneidad de la elección.
El contrato firmado con Corprefer en 2022 tuvo un valor inicial de $2.000 millones, pero tras una adición de $1.000 millones, el acuerdo terminó costando $3.000 millones. A pesar de su corta duración (solo 100 días), el costo por día de ejecución fue de aproximadamente $30 millones.
La explicación proporcionada por Sapiencia fue que la capacitación debía realizarse a través de una plataforma desarrollada por Corprefer en 2010, la cual, según indicaron, era la única disponible en el país para brindar este tipo de formación en inglés. Chaparro ha defendido su actuar, asegurando que todo se hizo en cumplimiento de la ley y que está dispuesto a responder ante las autoridades correspondientes.
Hasta el momento, la Contraloría Distrital no ha emitido información adicional sobre el estado de estos procesos, aunque los contratos siguen siendo objeto de escrutinio.