Un giro de 480.000 pesos realizado el 8 de abril de 2022 por Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud y entonces gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico, ha desatado una controversia en torno a Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el medio Semana, el pago, registrado en un documento de Excel entregado al CNE por la empresa Matrix, está vinculado a la participación de Velásquez como apoyo electoral en los escrutinios de las elecciones legislativas de marzo de 2022, cuando actuó como testigo electoral de la coalición encabezada por el presidente Gustavo Petro.
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Este hecho ha generado tensiones, especialmente por el rol de Velásquez en las investigaciones por presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro.
A pesar de que no existe una obligación legal para que la magistrada se declare impedida, el medio mencionado declara que se ha cuestionado éticamente su falta de transparencia en cuanto a su participación en las elecciones de 2022, ya que votó en contra de abrir un pliego de cargos contra Petro y sus directivos.
El pago a Velásquez fue revelado en respuesta a una solicitud del CNE para obtener información sobre los giros realizados a testigos electorales de la campaña del Pacto Histórico entre marzo y octubre de 2022.
Velásquez ha defendido su actuación, asegurando que su rol fue puntual y que el dinero recibido correspondió únicamente a gastos de transporte, sin constituir una remuneración formal. Aclaró además que esta actividad ocurrió antes de asumir su puesto como magistrada del CNE.
La controversia hace parte de una serie de cuestionamientos sobre la financiación de la campaña del Pacto Histórico, que también involucran el uso de un avión privado proporcionado por la Sociedad Aérea de Ibagué y la criptomoneda Daily Cop, un hecho no reportado al CNE. Estos episodios alimentan la polémica que afecta la imagen del presidente Petro y su gobierno.
El caso de Velásquez es un desafío para el gobierno de Petro, ya que las investigaciones del CNE, que continúan a pesar de los intentos del presidente por frenarlas mediante una tutela, podrían afectar la implementación de su agenda legislativa y generar mayor desgaste político.
Mientras tanto, el papel de Velásquez en el CNE sigue siendo objeto de debate, con cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en las instituciones públicas en un contexto político marcado por la polarización y la investigación del mandatario colombiano.
Revés para Gustavo Petro: fallo del Consejo de Estado refuerza la autonomía del CNE
En un reciente fallo que refuerza la autonomía del CNE, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró improcedente la tutela presentada por el presidente Gustavo Petro, que buscaba frenar la investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022.
El mandatario argumentaba que el CNE carecía de competencia para investigar el caso debido a su fuero presidencial, solicitando que el proceso fuera trasladado al Congreso de la República.
El Consejo de Estado desestimó los argumentos de Petro, señalando que las investigaciones por violaciones a los topes de financiación de campañas no están protegidas por el fuero presidencial, ya que no constituyen una causa de carácter constitucional.
Con este fallo, el tribunal reafirmó la competencia del CNE para investigar y sancionar posibles irregularidades en la financiación de campañas electorales, fortaleciendo su autonomía.
La investigación contra Petro se originó a partir de denuncias presentadas en 2022 y 2023, relacionadas con el posible exceso de gastos de la campaña, que habrían superado los 5.000 millones de pesos colombianos, violando así las normas electorales.
La decisión del Consejo de Estado, al respaldar la capacidad del CNE para continuar con la investigación, establece un precedente importante en la interpretación del fuero presidencial y subraya la importancia de garantizar la transparencia en los procesos electorales.
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