Contraloría insiste en advertir sobre las graves consecuencias que tendría en el control fiscal la reducción de recursos en 2025

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió sobre las graves implicaciones que tendría el aplazamiento de recursos de inversión para el año 2025, medida propuesta por la Dirección de Programación de Inversiones Públicas del Departamento Nacional de Planeación.

Según informó la entidad, el monto a aplazar asciende a $133.901.334.901, cifra que equivale a la totalidad de los recursos de inversión aprobados para la CGR en el Decreto 1523 del 18 de diciembre de 2024. Esta situación, según la Contraloría, comprometería de manera significativa su capacidad operativa y el cumplimiento de sus funciones misionales.

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De acuerdo con la CGR, el presupuesto de inversión solicitado inicialmente para el año 2025 fue de $424.844.280.994, pero el monto aprobado se redujo drásticamente a $186.701.326.884, lo que representa una disminución del 56,05%. Este recorte ya había generado limitaciones presupuestales importantes, y el aplazamiento propuesto agravaría aún más la situación, afectando áreas críticas como la modernización tecnológica, la infraestructura física y la capacitación del personal.

La CGR destacó que el aplazamiento de recursos afectaría directamente el avance de su proceso de modernización tecnológica, considerado esencial para mejorar la eficiencia operativa.

Según detalló la entidad, la falta de recursos impediría la actualización de sistemas y herramientas digitales fundamentales, como plataformas de gestión administrativa, sistemas de seguridad cibernética y herramientas de análisis de datos. Además, se dificultaría la implementación de tecnologías emergentes como la automatización de procesos, el análisis predictivo y el uso de Big Data, elementos clave para fortalecer la vigilancia y el control fiscal.

“El aplazamiento afectaría el avance del proceso de modernización tecnológica, ralentizando la actualización de los sistemas y herramientas digitales, que son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa. Esto incluiría la actualización de Asunto: Inviabilidad del Aplazamiento de las apropiaciones presupuestales de inversión para la vigencia 2025″, dice la carta emitida por el ente de control.

Sin estas herramientas, la Contraloría no podría procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente, lo que limitaría su capacidad para tomar decisiones fundamentadas en tiempo real. También se vería afectada la integración de sistemas de análisis de datos en tiempo real y la optimización de la gestión de bases de datos relacionadas con la contratación pública, lo que comprometería la transparencia y la fiscalización.

El aplazamiento también pondría en riesgo el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y física de la CGR. Según informó la entidad, esto afectaría la conectividad de los sistemas de información, la actualización de equipos informáticos y servidores, así como la modernización de las instalaciones físicas.

La falta de recursos podría comprometer la seguridad de la infraestructura y la sostenibilidad de los servicios actuales, lo que impactaría negativamente en el cumplimiento de las funciones misionales, especialmente en las oficinas desconcentradas.

Entre los proyectos que se verían afectados, la CGR mencionó la ampliación del ancho de banda de los canales de comunicación, el fortalecimiento del Centro de Datos y la adquisición de equipos de comunicaciones.

Estas limitaciones impedirían la implementación de nuevos servicios tecnológicos, como el uso de inteligencia artificial y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, lo que afectaría la capacidad de la entidad para cumplir con su misión de control fiscal.

Otro de los aspectos críticos señalados por la Contraloría es el impacto que tendría el aplazamiento en la gestión documental. La entidad explicó que la falta de recursos dificultaría la conservación, actualización y digitalización de la documentación histórica, lo que podría comprometer el cumplimiento de la Ley General de Archivos.

Esto afectaría la accesibilidad y organización de los documentos, limitando la capacidad de la CGR para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, la medida afectaría el desarrollo de competencias y la capacitación de los funcionarios de la entidad. Según la CGR, la falta de formación en áreas clave limitaría la capacidad de los empleados para enfrentar los retos del control fiscal, lo que podría reducir la eficacia global de la institución en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El ente de control también advirtió que el aplazamiento de recursos afectaría su capacidad para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas de manera efectiva.

La falta de recursos limitaría el desarrollo de actividades clave para monitorear el progreso de las políticas gubernamentales y su impacto en la sociedad. Esto dificultaría la supervisión adecuada de los programas gubernamentales, reduciendo la capacidad de identificar si se están cumpliendo los objetivos establecidos.

“Esto dificultaría la supervisión adecuada de los resultados de los programas gubernamentales, limitando la capacidad de identificar si se están cumpliendo los objetivos establecidos”, se agrega en el documento.

Además, la falta de recursos podría llevar a interrupciones en los servicios, pérdida de productividad y vulnerabilidades en la seguridad de la información, lo que afectaría la reputación de la CGR y su capacidad para cumplir con su misión.

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 15 de noviembre de 2024, la CGR logró un resarcimiento de recursos por detrimento patrimonial de $2,96 billones de pesos mediante procesos de cobro coactivo. Sin embargo, la entidad advirtió que el aplazamiento de recursos podría comprometer su capacidad para prevenir irregularidades y garantizar la correcta utilización de los recursos públicos en el futuro.

Ante este panorama, la Contraloría solicitó la reconsideración de la medida de aplazamiento, argumentando que afectaría gravemente su capacidad operativa y el control fiscal del país. La entidad expresó su disposición para colaborar en la búsqueda de alternativas que permitan equilibrar la situación fiscal con la necesidad de garantizar la continuidad de los proyectos críticos para el cumplimiento de sus responsabilidades.

La Contraloría concluyó que las consecuencias de esta medida recaerían en los funcionarios encargados de la toma de decisiones, ya que la reducción de recursos afectaría no solo la operatividad de la entidad, sino también la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de fiscalizar el uso de los recursos públicos.