Primo de la primera dama, Verónica Alcocer, implicado en investigación por millonaria compra de camiones cisterna para la Ungrd

Un escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha puesto en evidencia un vínculo familiar con la primera dama, Verónica Alcocer.

Su primo, Santiago Rafael Alcocer Vélez, es director de la concesionaria que vendió 40 camiones cisterna a la Ungrd por un total de 29 mil millones de pesos, un costo que está siendo cuestionado según una investigación de El Tiempo.

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La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría están revisando detalladamente los contratos de la Ungrd, con un enfoque particular en la compra de los camiones cisterna, después de revelaciones sobre acuerdos con la empresa Impoamericana Roger SAS.

Esta transacción involucró a la Corporación Conjunta para la Sostenibilidad y el Desarrollo Integral con Yapurutú, una entidad creada en 2019, vinculada a un ex político y que ha sido objeto de investigación debido al elevado costo de los vehículos.

El medio citado detalló que la compra de los camiones se gestionó mediante una alianza entre Yapurutú y Country Motors S.A., una concesionaria de Barranquilla.

Alcocer Vélez, gerente y accionista de Country Motors, posee 44.648 acciones a través de la empresa Alquep SAS, y otros miembros de la familia Alcocer también están involucrados como accionistas de la concesionaria. Un portavoz de Country Motors aseguró que la empresa ha cooperado plenamente con las autoridades, proporcionando toda la información relacionada con la transacción.

Según el portavoz, Yapurutú solicitó una cotización para los 40 camiones, afirmando haber ganado un contrato con la Ungrd. Country Motors gestionó la solicitud a través de la fábrica Colmotores, que ofreció un precio especial debido a que el comprador era una entidad pública. No obstante, los detalles sobre los precios específicos no se han revelado, ya que forman parte de la investigación.

En cuanto al vínculo familiar, el portavoz subrayó que la relación de Alcocer Vélez con la primera dama no influyó en las operaciones de la concesionaria, argumentando que la empresa no necesita influencias para realizar ventas, ya que su objetivo es comercializar vehículos.

Por su parte, Verónica Alcocer ha denunciado intentos de vincularla al escándalo de corrupción. En junio, circularon mensajes de WhatsApp sugiriendo su inclusión en el entramado del caso. La primera dama reportó un complot y un “crimen de odio” a la Fiscalía, alegando que la campaña de difamación está siendo impulsada por personas dentro del gobierno.

En un acto cargado de simbolismo y protesta, las víctimas de la crisis humanitaria en La Guajira han decidido regalar 40 carrotanques de juguete para denunciar la corrupción que ha afectado a las comunidades más vulnerables de la región.

Este gesto busca llamar la atención de la justicia sobre el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y a varios exfuncionarios, entre ellos Sandra Ortiz, quien enfrentará una audiencia de medida de aseguramiento próximamente.

El abogado Pablo Bustos, defensor de las víctimas, explicó que los carrotanques de juguete estarán decorados con personajes que simbolizan a los funcionarios implicados en el escándalo.

“Se trata de un regalo navideño que no es otra cosa que un desagravio contra la corrupción”, afirmó Bustos en declaraciones a Blu Radio. Este acto se llevará a cabo frente a los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, como parte de una serie de protestas por el desfalco de recursos destinados a mitigar la emergencia humanitaria en La Guajira.

La comunidad ha denunciado el manejo indebido de los recursos destinados a la emergencia humanitaria, reflejado en el no funcionamiento de los carrotanques que debían contrarrestar la crisis hídrica en la región.

Los juguetes simbolizan los sobrecostos en los contratos de distribución de agua, en los que estuvieron implicados Olmedo López y Sneyder Pinilla, funcionarios de la Ungrd. Estos funcionarios habrían administrado de manera fraudulenta los fondos destinados a la compra de carrotanques, desviando los recursos y agravando la crisis en La Guajira.