Ordenan arresto intramural contra la alcaldesa de Ibagué por desacato a sentencia del Consejo de Estado

En la tarde del jueves 19 de diciembre de 2024, se conoció que el Tribunal Administrativo del Tolima ordenó 20 días de arresto contra la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda Rivera, por incumplir con la reubicación de las 325 familias del sector del Hato de la Virgen, luego de una sentencia del Consejo de Estado emitida el 4 de febrero de 2010.

Según el fallo, la sanción deberá cumplirse en las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Ibagué. Además, se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para investigar las acciones y omisiones de la mandataria.

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De acuerdo con el tribunal, la decisión respondería al incumplimiento de compromisos asumidos públicamente por Aranda el 30 de enero de 2024, enfatizando que la falta de gestión podría desencadenar desastres sociales y ambientales, debido a la permanencia de asentamientos en zonas de alto riesgo, la ausencia de infraestructura que garantice la estabilidad del terreno y el incumplimiento de medidas para prevenir nuevos asentamientos y proteger la cuenca hidrográfica.

“La magnitud del incumplimiento no se limita al daño social inmediato. De persistir la inejecución de las gestiones ordenadas, podrían desencadenarse catástrofes de proporciones incalculables. La continuidad de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, la inexistencia de obras que garanticen la estabilidad del terreno, la acumulación de desechos sólidos y aguas negras, la insalubridad, la ausencia de servicios públicos básicos, la falta de un acto administrativo que organice la reubicación y el incumplimiento de las medidas para prevenir nuevos asentamientos y proteger la cuenca hidrográfica, podrían conjugarse con eventos climáticos extremos y deslizamientos”, afirmó el Tribunal en su decisión.

El fallo advirtió que una sanción económica sería insuficiente para corregir la conducta y enviaría un mensaje equivocado de que las órdenes judiciales son meras formalidades sin fuerza vinculante. Además, indicó que el arresto busca garantizar el cumplimiento de la sentencia, enviar un mensaje ejemplarizante y evitar que el desacato continúe. “La sanción conlleva una restricción efectiva de la libertad, con un efecto disuasivo y contundente”, añadió el Tribunal.

Por su parte, el abogado de las familias del Hato de la Virgen, Hernando Álvarez Urueña, explicó a Caracol Radio que, de las 325 familias afectadas, 158 serán reubicadas en el predio El Reposo, en los barrios del sur, mientras que las 167 restantes irán a un terreno en el sector del Aeropuerto Perales. Sin embargo, señaló que mandos medios de la administración municipal no habrían realizado los trámites necesarios para ejecutar el proceso.

Asimismo, en entrevista con Ecos de Cobeima, el jurista aseguró que lo sucedido con Aranda puede ser consecuencia de un mal asesoramiento jurídico, al señalar que la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, bajo la dirección de Patricia Osorio Obando, ha emitido decretos para cumplir fallos del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima relacionados con el Hato de la Virgen con evidentes errores.

Durante las audiencias de seguimiento, el magistrado encargado del caso, José Andrés Rojas, habría observado estas deficiencias. Según el abogado Álvarez Urueña, en enero la alcaldesa presentó un decreto en una audiencia, pero el magistrado lo rechazó al considerarlo inadecuado para cumplir la sentencia.

“Ahora el decreto al cual estamos haciendo referencia, tal vez por vergüenza, no han querido reformarlo o no sabemos si es que hay intereses de empleados o mandos medios que quieran hacer las cosas mal para que la alcaldesa se equivoque (...) Queremos que las personas que están al lado [de la alcaldesa], entiendan que deben saberla asesorar y hacer que las cosas se puedan cumplir”, expresó el abogado al citado medio.