Crisis energética: Colombia cierra el año con las tarifas de energía más caras en 30 años

La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) reportó que 2024 culminó con las tarifas de energía más elevadas registradas en los últimos 30 años, una situación que, según la organización, planteó serios desafíos tanto para los consumidores como para el sector energético en general.

Frente a este panorama, Asoenergía solicitó a las autoridades competentes establecer una política energética que sea “clara y realizable”, fundamentada en un conocimiento profundo del marco legal y regulatorio. Tal enfoque, según la agremiación, permitiría una gestión efectiva que asegure el equilibrio entre suministro confiable y costos razonables.

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En su Informe Sectorial No. 51, que abarcó el período de junio a octubre de 2024, la asociación señaló que para garantizar el abastecimiento energético a nivel nacional, no solo era crucial asegurar la seguridad y confiabilidad del suministro, sino también implementar tarifas eficientes. Según el informe, dichas tarifas deberían reflejar señales de precio acordes con los costos reales de generación eléctrica, así como de producción y transporte de gas, factores esenciales para evitar sobrecargas económicas en los usuarios finales.

Asoenergía señaló la necesidad de adoptar medidas que fomentaran una energía asequible para todos los colombianos, especialmente en un contexto de alta demanda y limitaciones en la oferta. Este llamado incluyó la importancia de incentivar la eficiencia operativa dentro del sector y de garantizar que las políticas implementadas respondieran a las necesidades urgentes de los usuarios.

Sandra Fonseca, directora ejecutiva, expresó su preocupación ante la posibilidad de un desbalance en el suministro de energía eléctrica y gas natural que, según sus proyecciones, podría materializarse a partir del año 2026. Fonseca destacó que los Usuarios No Regulados (UNR), quienes representaron aproximadamente el 35% de la demanda de energía eléctrica y el 31% de la demanda de gas natural del país, se verían especialmente afectados si no se implementaban políticas energéticas adecuadas.

“Es fundamental contar con una política energética clara y realizable, sustentada en un conocimiento profundo del marco legal y regulatorio, para garantizar el abastecimiento energético a nivel nacional, con especial énfasis en la demanda no regulada”, explicó.

Asoenergía también realizó un análisis detallado de los documentos proporcionados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), incluyendo el Boletín Estadístico 2018-2023, en el cual se identificaron factores críticos que podrían comprometer la estabilidad del sistema energético. Según el informe, una de las principales inquietudes fue la disminución sostenida en el nivel de los embalses.

Mientras que en 2023 los niveles promediaban un 70%, para octubre de 2024 el nivel agregado descendió a un preocupante 55%. Este comportamiento extremo en los niveles de los embalses aumentó la incertidumbre en torno a la capacidad del país para satisfacer la creciente demanda energética. Por otra parte, Fonseca destacó que la industria colombiana dependía en más del 50% de la electricidad y el gas natural para cubrir sus necesidades energéticas, complementándose con combustibles como carbón, biomasa y otras fuentes.

El aumento sostenido en las tarifas de energía no solo impacta directamente a los usuarios finales, también genera una serie de retos para la competitividad de las industrias colombianas. La presión sobre los costos de producción puede traducirse en precios más altos para los consumidores, afectando el poder adquisitivo y desacelerando la recuperación económica en sectores clave.

Además, la dependencia del gas y la electricidad por parte de la industria plantea riesgos significativos ante un posible desabastecimiento o incrementos adicionales en los costos de generación. Para evitar estas consecuencias, los expertos recomiendan fortalecer la inversión en energías renovables, diversificar las fuentes de generación y revisar los marcos regulatorios, promoviendo una transición energética equilibrada que asegure sostenibilidad y competitividad.