Por medio del decreto 1523, el presidente Gustavo Petro estableció el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Esto, luego del hundimiento en el Congreso de la República del proyecto de reforma tributaria con el que se buscaba recaudar hasta $9,8 billones, y después de varios meses de que la corporación negó el monto inicial de 5,23 billones del mismo.
De acuerdo con el documento expedido, el monto estipulado ahora es de $511 billones. El financiamiento provendrá de ingresos corrientes de la nación ($305 billones); recursos de capital ($155 billones); fondos especiales ($18,1 billones) y de rentas parafiscales ($4 billones).
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De estos, para funcionamiento de la Presidencia de la República se destinarán $452.841.786.933 y otros $158.658.164.194 para inversión, lo que da un total de $621.509.951.127.
Por su parte, para el Congreso de la República se destinarán $1.313.528.000.000, de los cuales $1.112.522.000.000 serán para funcionamiento, mientras que $1.105.000.000 tendrán destino el servicio de deuda pública y $200.000.000.000 para inversión.
Como dato relevante está que para la controvertida Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se destinarán $707.832.000.000 para funcionamiento y otros $17.000.000.000 para inversión.
Exposición de motivos
En la exposición de los motivos del decreto, el Ministerio de Hacienda aclaró que “la expedición del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025, a través de decreto con fuerza de ley, no solo obedece a la obligación del Gobierno nacional por la omisión del Congreso de la República, sino que, conforme el Artículo 113 de la Constitución Política, es un deber del Gobierno colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado Social de Derecho, garantizando la ejecución de políticas públicas en aras del correcto funcionamiento del Estado y de proteger los sectores más vulnerables”.
Además, que dado que el Congreso no expidió el Presupuesto General de la Nación antes de la media noche del 20 de octubre del año 2024, regirá el proyecto presentado por el Gobierno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 de la Constitución Política y el artículo 59 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. “En consecuencia, el Gobierno nacional se encuentra facultado para expedir por decreto con fuerza material de ley el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025″.
Críticas al PGN
La expedición del PGN de 2025 ya generó duras críticas. Por ejemplo, el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo cuestionó que sea casi el mismo monto inicial.
“Tantas vueltas y revueltas para quedar en el mismo monto que debió tener el presupuesto para el 2025 desde un comienzo y antes de que el Gobierno se empecinara en que había que sumarle los hipotéticos $12 billones de la reforma tributaria que nunca se aprobó”, precisó.
Además, afirmó que “esta terquedad gubernamental impidió que el presupuesto se discutiera democráticamente en el Congreso, como lo manda la constitución”.
Ajuste del presupuesto
Mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, escribió en X que “parece que se ha decidido recortar todos los programas que le importan a la gente en lugar de generar austeridad administrativa ante la necesidad de ajustar el presupuesto”.
Esto, en referencia a las diversas crisis que se generaron durante el gobierno de Gustavo Petro. Recordó que “ya se dijo que recortan los programas de Mi Casa Ya, el sector cultura, el Icetex, por mencionar algunos, mientras los presupuesto de eventos, publicidad, viajes, nuevos cargos, se mantienen en niveles nunca antes vistos”.
Además, que es vital hoy hacer un seguimiento exacto de cómo están los gastos, cuáles se están recortando, y cuál es el efecto sobre la ciudadanía.