Para la senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, los expresidentes Juan Manuel Santos Calderón y Álvaro Uribe Vélez deben comparecer ante la justicia en el tercer macrocaso que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lleva a cabo: los asesinatos y desapariciones forzadas en el conflicto armado colombiano.
Según indicó en su cuenta de X, ambos deben aportar verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamados ‘falsos positivos’, de los cuales, se conocen 1.934 nombres por revelaciones de la jurisdicción mencionada de los 6.402 casos que hay en los archivos. De acuerdo con sus palabras: “¿De quién recibió órdenes el General (r) Mario Montoya? Alguien tuvo que dar la orden para planear y llevar a cabo el asesinato a sangre fría de jóvenes inocentes mal llamados Falsos Positivos”.
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Aunque no mencionó ni a Santos (2010-2018) ni a Uribe (2002-2010), sí se refirió a ellos como “los presidentes de esas épocas”, haciendo referencia al tiempo en el que más ‘falsos positivos’ se ejecutaron y donde ambos exmandatarios tuvieron conocimiento de los casos. Asimismo, indicó que ambos deben ir “ante la JEP, para que aporten VERDAD sobre esta práctica tan atroz, perversa y espantosa por parte de funcionarios del ESTADO. Es lo mínimo”.
La razón de su reacción se debió a las declaraciones del actual director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, que aseguró que, de ser necesario, llamarían a comparecer tanto al expresidente Uribe, como en su momento el ministro de defensa y posterior Nobel de Paz Juan Manuel Santos, en medio de la definición de llamar al general en retiro Mario Montoya.
Según indicó Álvarez en la rueda de prensa, “lo que les puedo decir es que haremos una investigación cuidadosa y rigurosa por parte del equipo de la Unidad de Investigación y Acusación, de manera que el fiscal al que le corresponda el caso, con su equipo de investigación, será muy cuidadoso en el desarrollo de la misma”.
También indicó que el proceso a llevar para definir si el exgeneral será llamado a testificar no tomará el tiempo completo que se ha estipulado, sino que se intentará que sea menor: “De acuerdo con las reglas procesales que tenemos, el tiempo máximo con el que cuenta un fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación es de 2 años y medio; 1 año y medio para indagación y 1 año para la investigación formal, pero, por supuesto la idea es no utilizar todo este tiempo, porque en materia de justicia transicional tenemos que pensar en agilidad y eficiencia”.
Sobre el proceso en contra de los investigados, afirmó que si el general (r) no aceptaba culpabilidad, enfrentaría al encargado del caso y su equipo, “de manera que ellos traerán sus pruebas, la Fiscalía llevará las pruebas que ya se han practicado y las que por supuesto el fiscal considere necesarias para probar la participación y responsabilidad o no de la persona que estamos investigando en los hechos que nos corresponden”. También agregó que estas pruebas pueden venir desde cualquier parte de la investigación, siempre y cuando el funcionario así lo considere.
Álvarez Santoyo afirmó, luego de que un periodista le preguntara sobre la participación de Uribe y Santos en los ‘falsos positivos’, que hay diferentes formas de recibir los testimonios que pudieran solicitarles si así lo requiere la investigación: “Ellos pueden venir hacer lo debido a voz, comparecer ante los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación o puede hacerse a través de certificación jurada por su calidad de expresidentes (...) y si lo vencemos en juicio, solicitaremos la máxima pena, que es de 20 años”.