La Agencia Nacional de Tierras, otra entidad del Gobierno con problemas económicos: pidió millonario desembolso al MinHacienda para pagar sueldos

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrenta serias dificultades financieras que ponen en riesgo tanto el pago de la nómina de diciembre como la compra de tierras para la reforma rural integral, uno de los compromisos más importantes del gobierno de Gustavo Petro.

Según un informe de El Tiempo, la ANT ha solicitado urgentemente recursos al Ministerio de Hacienda debido a la falta de liquidez. En noviembre, la entidad había solicitado $2.7 billones a través del Sistema Integrado de Información Financiera, pero solo se le preaprobó $115 mil millones, una fracción de lo solicitado, y hasta la fecha no ha recibido ningún desembolso.

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La situación es aún más crítica, ya que la ANT ha pedido $50 mil millones adicionales para cumplir con los pagos de contratos de prestación de servicios, incluidos los correspondientes a madres gestantes y lactantes. Esta falta de recursos pone en peligro los avances logrados por la Agencia, que ha establecido siete comités de reforma agraria en diversos municipios.

Sin embargo, la falta de presupuesto amenaza con paralizar estos esfuerzos y vulnerar derechos fundamentales, especialmente los relacionados con el bienestar de las madres y sus hijos.

La iliquidez también está afectando la compra de tierras, un componente esencial de la reforma rural integral. Según fuentes de la ANT, al menos 50 procesos de compra están en riesgo por la falta de fondos.

La entidad no opera bajo la ley 80 de 1993, que regula la contratación pública, sino que realiza acuerdos directos con particulares, lo que complica aún más la situación si no se cumplen los plazos establecidos.

El gobierno de Gustavo Petro tiene como objetivo entregar tres millones de hectáreas a familias campesinas como parte de su compromiso con la reforma agraria derivada de los acuerdos de paz con las extintas Farc. Sin embargo, la falta de presupuesto ha sido un obstáculo significativo. En octubre, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, advirtió que al ritmo actual, se necesitarían más de 3.984 años para cumplir con la meta de adjudicación de tierras.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha explicado que enfrenta restricciones de caja y está priorizando gastos esenciales, como salud, infancia y educación. Según el medio mencionado, el ministerio ha solicitado a las entidades que detallen en qué se invertirán los recursos solicitados, advirtiendo que las solicitudes sin este desglose serán puestas en espera.

La falta de liquidez también ha sido uno de los argumentos del gobierno para impulsar la reforma tributaria, que finalmente no fue aprobada. Tras el fracaso de esta iniciativa, la Contraloría ha instado al gobierno a realizar ajustes fiscales para mejorar el recaudo y la ejecución presupuestaria, advirtiendo que, si no se corrige el rumbo, las pérdidas por apropiación podrían alcanzar los $96 billones de pesos al cierre del año.

En medio de esta crisis financiera, una reciente auditoría de la Contraloría General ha revelado irregularidades significativas en la gestión de la ANT, con un impacto económico de 160.132 millones de pesos.

La fiscalización especial, que abarcó las vigencias 2022, 2023 y 2024, hasta el 30 de abril de 2024, identificó 14 hallazgos. De estos, 10 tienen implicaciones disciplinarias y seis son de carácter fiscal.

Uno de los hallazgos más graves involucra 110.000 millones de pesos relacionados con 51 predios que, durante el periodo evaluado, no han sido utilizados para su propósito final. Estos predios, que deberían cumplir con los fines del Estado, según la Corte Constitucional en su sentencia SU-288 de 2022, siguen sin ser utilizados en el proceso de reforma rural.

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, también expresó preocupación por la falta de caracterización adecuada del Fondo de Tierras, que cuenta con 2.366.550 hectáreas.

Cabello destacó que el Fondo carece de información precisa, lo que ha generado confusión sobre la identificación de las fuentes y la naturaleza de los terrenos. De los predios del Fondo, el 40,93% están ocupados, el 59% carecen de información, y solo el 0,01% está libre de ocupaciones.

Juan Felipe Harman, director de la ANT, reconoció las deficiencias en el Fondo de Tierras, calificándolo como un “excel sin depuración”. De los 21.291 registros que conforman el Fondo, aproximadamente 2.4 millones de hectáreas, el 47% de los predios requiere clarificación.

Esto incluye 10.183 predios titulados, 11.112 activos que necesitan esclarecimiento, y 6.861 sin cédula catastral, entre otros problemas administrativos.