Ministro del Interior confirmó que proyecto de reforma al SGP fue firmado por el presidente del Congreso: esto es lo que sigue

En la tarde del miércoles 18 de diciembre de 2024, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció la firma del proyecto de Ley que busca transformar el Sistema General de Participaciones (SGP), uno de los principales mecanismos de distribución de recursos entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales en Colombia.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en la red social X, en la que Cristo destacó la importancia de la reforma como un paso clave hacia la autonomía territorial.

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“El proyecto impulsado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que tuvo tanto debate en el país para fortalecer el Sistema General de Participaciones, ya es una realidad”, comenzó por asegurar Cristo.

En ese sentido, el ministro confirmó que el articulado ya fue firmado por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por lo que será promulgado próximamente.

El ministro enfatizó que la reforma permitirá avanzar en la autonomía territorial, aspecto que considera fundamental para consolidar la paz en el país, además, adelantó que se trabajará en una ley de competencias que transferirá más responsabilidades y recursos a las regiones.

La reforma al SGP, contenida en el Proyecto de Acto Legislativo N.º 018 Senado – 437 de 2024 Cámara, plantea cambios estructurales en la forma en que se asignan los recursos públicos a departamentos, municipios y distritos.

Según el texto de la propuesta, modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución para aumentar gradualmente las transferencias de ingresos corrientes de la Nación (ICN) a los entes territoriales.

Los recursos transferidos por este mecanismo financian sectores clave como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, especialmente en las regiones más vulnerables del país.

El proyecto contó con el respaldo del partido En Marcha, liderado por los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Gustavo Moreno Hurtado y Jairo Castellanos Serrano.

Asimismo, tuvo el apoyo de entidades como la Federación Nacional de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios y Asocapitales, así como de administraciones regionales, incluida la Gobernación de Antioquia y las cinco Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) existentes.

El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo establecido mediante el cual el Gobierno nacional transfiere recursos a municipios, distritos y departamentos para garantizar servicios básicos como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Este sistema se financia con un porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) y su distribución se realiza bajo criterios que incluyen población, necesidades básicas insatisfechas y niveles de pobreza.

El SGP representa uno de los pilares de la descentralización en Colombia, al permitir que las entidades territoriales cuenten con recursos para atender sus necesidades específicas; sin embargo, su diseño actual ha sido objeto de críticas por limitar la autonomía de los gobiernos locales y perpetuar desigualdades regionales.

De acuerdo con la información que compartió el Ejecutivo, la reforma al SGP responde a la necesidad de cumplir con la promesa de autonomía territorial plasmada en la Constitución de 1991.

Actualmente, los entes territoriales reciben alrededor del 20% de los ICN, un porcentaje que, según expertos y líderes regionales, es insuficiente para garantizar una gestión efectiva y acorde con las necesidades locales.

La reforma propuesta por el Gobierno nacional busca aumentar las transferencias al 46,5% de los ICN a partir de 2034, con incrementos graduales del 2,5% anual.

Este cambio, en teoría, permitirá mejorar la calidad de los servicios básicos y financiar proyectos de infraestructura y desarrollo social en las regiones, promoviendo una redistribución más equitativa de los recursos del Estado.

Contrario a las preocupaciones de algunos sectores, la reforma no se plantea como una carga fiscal para la Nación, pues además de aumentar las transferencias, incluye un mandato para redefinir las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Esto significa que las regiones asumirán nuevas responsabilidades de gasto, lo que se traduciría en una mayor eficiencia en la gestión de recursos.

El objetivo es lograr un costo fiscal cero, equilibrando los nuevos recursos con las obligaciones asignadas a los territorios.

Según los proponentes, esta medida también busca reducir la dependencia de las regiones frente al gobierno central, eliminando la necesidad de que alcaldes y gobernadores gestionen recursos a través de prácticas burocráticas en las entidades del nivel nacional.