María Fernanda Cabal reaccionó a la decisión de la Corte IDH sobre investigación de la campaña de Gustavo Petro: “Se desmorona su narrativa”

Este jueves 19 de diciembre de 2024, se conoció el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la solicitud presentada por los abogados del presidente de la República, Gustavo Petro, relacionada con la investigación que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de los topes de campaña en 2022.

Luego de analizar los argumentos de la defensa del jefe de Estado, la Corte IDH declaró improcedente la petición. El tribunal aclaró que el CNE carece de facultades para inhabilitar derechos políticos, motivo por el cual disipa los argumentos de los abogados sobre una supuesta violación en el “fuero integral”.

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La decisión del alto tribunal generó diferentes reacciones, entre ellas, la de la senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

A través de su cuenta de X, la senadora de oposición indicó que la decisión de la Corte IDH “desmorona” la tesis de “golpe blando” del presidente Gustavo Petro.

Además, indicó el jefe de Estado debe afrontar las “consecuencias que lo pudo haber pasado en la campaña a la Presidencia de Colombia en 2022.

“Con esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Petro, se le desmorona su narrativa fantasiosa del “golpe blando”. Petro pretendió desconocer el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral. No pudo y debe enfrentar las consecuencias de lo que hicieron en su campaña”, indicó María Fernanda Cabal.

El senador Miguel Uribe también se pronunció a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el precandidato a la Presidencia en Colombia “no existe ningún golpe blando”, motivo por el cual le solicitó al jefe de Estado trabajar por el país.

“La CIDH confirma lo que venimos diciendo: no existe ningún golpe blando. Petro, deje las excusas y póngase a trabajar. A punta de discursos y teorías conspiranoicas no va a arreglar los problemas de Colombia. Y Presidente un favor, ayúdenos a encontrar a la Min Vivienda que lleva 24 horas desaparecida desde que anunció que destruyó el programa de Mi Casa Ya”, aseveró Uribe.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos explicó en su decisión que el litigio que mantiene el mandatario colombiano con el Consejo Nacional Electoral no tiene relación con los sucedido con la administración de Alejandro Ordoñez en la Procuraduría General de la Nación, cuando inhabilitó al entonces alcalde Gustavo Petro.

“La Corte observa que la solicitud de los representantes de la víctima se basa en una situación fáctica y jurídica distinta a la que conoció este Tribunal en la Sentencia del caso Petro Urrego emitida en 2020 (...) En aquella oportunidad, la Corte consideró inconvencional que una autoridad administrativa dispusiera el cese y eventual inhabilitación de funcionarios electos popularmente”, manifestó la Corte IDH.

Y agregó: “Debe darse la oportunidad al Estado de resolver la controversia de acuerdo con su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso internacional”.

La corporación explicó que la petición ”resulta improcedente” tras analizar la solicitud de la defensa del jefe de Estado.

“La Corte considera que la referida solicitud no tiene relación con el objeto del caso ni con la implementación de alguna de las tres garantías de no repetición de adecuación normativa ordenadas en el Fallo, con lo cual resulta improcedente”, puntualizó el dictamen del alto tribunal revelado por El Tiempo.

La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se suma a la negación de la tutela del Consejo de Estado, presentada por el presidente Gustavo Petro y que buscaba dejar sin efecto los cargos formulados por el CNE, que investigan una presunta violación de los topes de financiación en su campaña presidencial de 2022, que se calcula en más de 5.000 millones de pesos.

La defensa de Gustavo Petro pretendía que la Corte IDH tomara acciones “para salvaguardar los derechos a la protección y garantías judiciales y derechos políticos”.