El senador Jonathan Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, volvió a encabezar críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En esta ocasión, el legislador centró su atención en la detención de Sandra Ortiz, exc onsejera presidencial para las regiones, y aprovechó para lanzar un fuerte cuestionamiento sobre el proceso judicial que enfrenta Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario.
Ortiz, que está vinculada en el caso de presunta corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue detenida en Bogotá. Las imágenes de su salida esposada de los Juzgados de Paloquemao hacia una instalación de la Policía Nacional, mientras se define el lugar donde cumplirá su medida de aseguramiento, generaron un impacto significativo en la opinión pública y en el ámbito político.
Ahora puede seguirnos en nuestro Facebook y en WhatsApp Channel.
Ante este acontecimiento, el senador Hernández no tardó en expresarse a través de su cuenta en la red social X. En un mensaje contundente, el legislador cuestionó el retraso en las acciones judiciales contra Nicolás Petro, que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Y para cuando el bandido de @nicolaspetroB? @petrogustavo, ¿para cuando el bandido de su hijo irá preso también? Toda Colombia está esperando ver, al primer hijo de un presidente que va preso por corrupto!”, publicó Hernández, avivando la polémica en torno al caso que involucra al hijo del presidente.
La mención de Nicolás Petro se produce en medio de un contexto judicial delicado para el exdiputado del Atlántico, que enfrenta acusaciones relacionadas con el supuesto ingreso de dineros ilícitos en la campaña presidencial de su padre en 2022. La Fiscalía avanza en su investigación, aunque el proceso aún no ha derivado en una medida de aseguramiento como la que afectó a Ortiz, en la tarde del 18 de diciembre de 2024.
El pronunciamiento del congresista generó una amplia repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que, aunque esto podría interpretarse como un avance significativo en materia de justicia, recalcaron que esta no debe aplicarse de manera selectiva.
Muchos destacaron que el proceso contra Nicolás Petro Burgos continúa estancado, a pesar de que su expareja Day Vásquez asegura contar con abundante evidencia en su contra, la cual podría implicarlo en diversas actividades delictivas.
El caso de Sandra Ortiz y su impacto político
El caso de Sandra Ortiz generó interés público debido a la magnitud de las acusaciones y la relevancia política de los implicados. La Fiscalía señala que los hechos investigados forman parte de un entramado de corrupción que incluye sobornos, desvío de recursos públicos y tráfico de influencias al interior de la Ungrd. En el centro de la investigación está el uso indebido de fondos destinados a contratos estatales y su presunta redistribución para fines políticos.
Entre las pruebas más destacadas, la Fiscalía presentó un video del 21 de septiembre de 2023, en el que se observa a Ortiz junto a Olmedo López, exdirector de la Ungrd y el mayor implicado en el entramado de corrupción, en la Casa de Nariño.
Según López, Ortiz buscaba discutir detalles sobre eventos y estrategias políticas relacionadas con el senador Iván Name, que en su momento fungía como presidente del Senado, ese material audiovisual fue acompañado por declaraciones de López, que aseguró que Ortiz estuvo involucrada en el manejo de recursos destinados a influir en decisiones políticas.
Otra prueba determinante fue la revelación de transacciones financieras que, según la Fiscalía, vinculan a Ortiz con un pago de 3.000 millones de pesos entregado al senador Iván Name. Estos recursos habrían sido utilizados para financiar una campaña al Concejo de Bogotá. Además, se señaló que la exfuncionaria habría gestionado un contrato por 11.000 millones de pesos a favor de la región Caribe, con el propósito de beneficiar políticamente al congresista.
La captura de Ortiz representa un golpe para el Gobierno, dado que la exfuncionaria ocupaba un cargo estratégico en la administración Petro, lo que aumenta las críticas de sectores opositores.