En un esfuerzo sin precedentes, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) llevó a cabo un operativo simultáneo en 124 cárceles de Colombia, logrando la incautación de más de 1.000 celulares y 720 armas de fabricación artesanal. De acuerdo con lo informado por el Inpec, este megaoperativo, que tuvo lugar el jueves 19 de diciembre, involucró a más de 3.165 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia, quienes revisaron 146 pabellones y patios, requisando a 23.845 personas privadas de la libertad.
El instituto penitenciario detalló que, además de los equipos móviles, se confiscaron 2.263 accesorios para celular, 475 tarjetas sim y 15 módems de wifi. También se incautaron 18 kilos con 885 gramos de estupefacientes y un millón de pesos en efectivo. Estos elementos serán presentados ante las autoridades correspondientes para su destrucción o manejo adecuado.
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Este operativo se enmarca dentro de un plan más amplio contra la corrupción y para mantener el control en los centros penitenciarios del país. El objetivo principal es identificar a los internos y funcionarios que facilitan el ingreso y distribución de elementos prohibidos en las cárceles. El director del instituto, el coronel Daniel Gutiérrez, destacó la importancia de estas acciones para mejorar la seguridad interna y la percepción pública de las cárceles.
Durante el año, el Inpec ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo amenazas y ataques contra sus funcionarios. En el balance anual, el director Gutiérrez informó que se realizaron 1.700 operativos en todo el país, bajo la operación denominada ‘Dominó’, que se centró en cuatro establecimientos carcelarios. Esta operación resultó en la incautación de más de 31.000 celulares y el traslado de internos considerados un riesgo para la seguridad.
“Para este año, en la operación ‘Dominó’ logramos hacer 1.700 operativos en todo el país entre registro y control operativo sorpresa constantes dedicados al control penitenciario para el decomiso de celulares, solamente en operación ‘Dominó’, enfocada en cuatro establecimientos carcelarios”, advirtió el Inpec.
La entidad penitenciaria también reportó que, en una reciente redada en establecimientos como La Picota en Bogotá, se detuvieron a 15 personas, incluidos siete guardias activos y ocho familiares de internos, por la distribución ilegal de licor y drogas. En 2024, se han capturado 73 funcionarios del Inpec implicados en actos ilegales, lo que refleja la lucha continua contra la corrupción dentro de la entidad.
“Para la segunda fase de la operación tuvimos un resultado importante la semana pasada, articulado con la Policía y en cabeza de la Fiscalía, donde se logra captura de 15 personas ocho funcionarios y 7 familiares, ajenos a los establecimientos, es un trabajo articulado que se ha estado haciendo con los entes de control”, explicó el director.
Las intervenciones recientes han llevado a la concentración de los principales involucrados en cárceles con pabellones de alta seguridad, como La Picota, La Picaleña, La Tramacúa, El Barne y Girón. En estas instalaciones, se han implementado medidas estrictas para controlar el contrabando y mejorar la seguridad.
Este operativo masivo y coordinado representa un paso significativo en los esfuerzos del Inpec por reforzar el control y la seguridad en los centros penitenciarios de Colombia, enfrentando de manera directa los desafíos de corrupción y tráfico de elementos prohibidos dentro de las cárceles.
En paralelo, el Inpec reveló que 98 de sus funcionarios fueron detenidos este año por su presunta participación en actividades ilícitas. De estos, 72 enfrentan procesos penales activos ante la Fiscalía, lo que subraya la gravedad de las acusaciones.
El 17 de diciembre, el coronel Daniel Gutiérrez presentó un balance sobre la situación actual del sistema carcelario en el país. Durante una rueda de prensa, detalló que la operación ‘Dominó’ permitió identificar a estos funcionarios involucrados en delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Estas acciones ilegales incluían la colaboración con organizaciones criminales para introducir licores y estupefacientes en los centros de reclusión, distribuyéndolos posteriormente a través de expendios internos.
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