Luego de dos días de negociaciones, el Gobierno nacional y delegados del frente Comuneros del Sur, en Nariño, anunciaron avances significativos para lograr el desmonte total de esta estructura guerrillera, que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en mayo de 2024.

Las dos delegaciones acordaron un cese al fuego bilateral de 180 días, la creación de un distrito minero especial y la concentración de los combatientes en Zonas de Ubicación Temporal.

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“Tendrá una temporalidad de 180 días. Este acuerdo facilita el desescalamiento de las violencias, y acelera la transformación territorial, creando condiciones propicias para impulsar iniciativas como la creación del distrito minero especial para la diversificación productiva de la subregión de Abades y avanzar en la sustitución de cultivos de uso ilícito en el territorio priorizado”, indicaron a través de un comunicado.

De acuerdo con el enunciado, se estableció un procedimiento técnico y verificable para la entrega y destrucción de material bélico, que contará con el respaldo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA). “Se llevará a cabo conforme a los protocolos detallados establecidos para este fin”, complementaron en la misiva.

Carlos Erazo, jefe negociador del Gobierno, señaló que el objetivo central es facilitar la transición de Comuneros del Sur hacia un movimiento político y social, enfatizando la entrega de armas como un paso crucial en este proceso. “Este acuerdo no solo desescalará las violencias, sino que también permitirá avances significativos en la transformación territorial y la diversificación productiva”, afirmó.

El proceso no ha estado exento de controversias. Denuncias sobre presuntos vínculos entre Comuneros del Sur y el grupo ilegal Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), conocidas por El Espectador, han generado preocupación en habitantes de la región. Testimonios indicarían que algunos miembros de Comuneros habrían adoptado el brazalete de las AUN para cometer delitos sin afectar las negociaciones de paz.

Al respecto, Royer Garzón, líder de la delegación de Comuneros del Sur, negó cualquier relación entre ambas estructuras ilegales y aseguró: “En este proceso no existe plan B. Hemos diseñado un modelo territorial que incluye la participación activa del Estado, instituciones y fuerzas militares, para garantizar la recuperación integral de los territorios”.

Cabe señalar que las negociaciones entre las partes también permitieron que el miércoles 6 de noviembre de 2024, la Fiscalía General de la Nación confirmara la suspensión de 11 órdenes de captura y extradición para miembros de Comuneros del Sur. Según el comunicado, esta medida tendrá una vigencia de seis meses y excluye cualquier orden de captura vinculada a violaciones graves de derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario.

Entre las órdenes suspendidas destaca la de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante de la organización, convirtiéndose en la primera vez que se suspende una orden de extradición en el contexto de negociaciones con esta disidencia guerrillera.

La resolución llegó tras importantes acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo. El primero, firmado el 19 de septiembre, que estipuló el cese de secuestros y reclutamiento de menores. El segundo, anunciado el 17 de octubre, comprometió al grupo armado a garantizar esfuerzos en la búsqueda de personas desaparecidas.

Los diálogos entre Gobierno y frente Comuneros Sur iniciaron en julio de 2024, luego de que este último se desligaran del ELN, que no continuó con las conversaciones de paz. “El compromiso de los grupos de trabajo es buscar soluciones efectivas y eficaces que permitan ver resultados en el corto, mediano y largo plazo. Por eso operan bajo los principios de corresponsabilidad y honestidad”, indicó un comunicado del Alto Comisionado para la paz.