Crisis fiscal en Colombia: los números alarmantes que podrían hundir las finanzas en 2025

Un análisis del Carf revela los costos de una menor recaudación y propone interrogantes sobre la estrategia económica futura de Colombia

Las cifras del Carf revelan un escenario económico desafiante para Colombia - crédito iStock

El panorama fiscal de Colombia enfrenta desafíos importantes, según un comunicado del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda. Las cifras presentadas evidencian un desequilibrio entre los ingresos y las necesidades de gasto del Estado, lo que plantea serios riesgos para el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad financiera en los próximos años.

Uno de los puntos más preocupantes señalados por el Carf es la frágil posición de caja del país. Al 6 de diciembre de 2024, los niveles de caja alcanzaron los 6,4 billones de pesos, una cifra alarmantemente cercana al mínimo histórico registrado entre 2012 y 2023 para el mismo mes. “La débil posición de caja es un espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales. Esta situación genera preocupaciones sobre la posición de caja para el 2025 y, posiblemente, señala dificultades estructurales de liquidez”, afirma el comunicado.

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El Carf destaca la preocupante fragilidad de la caja del país - crédito Luisa González/REUTERS

La falta de ingresos en 2024 es uno de los factores clave detrás de esta situación. El Carf estima que el recaudo tributario estará 15 billones de pesos por debajo de la meta actualizada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, presentada en junio, y 72 billones menos frente a los ingresos programados en el presupuesto del año en curso. Este rezago también impactará las finanzas del 2025. Según el Carf, “la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos del 2025 en 17 billones de pesos”.

Los retos no terminan ahí. El organismo también advierte que los ingresos por gestión de la Dian en 2025 serían inferiores en 22,6 billones de pesos a los proyectados en el presupuesto, mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduciría la expectativa de recaudo en otros 12 billones de pesos. En total, el ajuste fiscal necesario para cumplir con la regla fiscal respecto del presupuesto de 2025 asciende a 52 billones de pesos.

La recaudación tributaria en 2024 no alcanzará las metas establecidas - crédito Colprensa

En 2024, el Gobierno adoptó medidas de recorte y aplazamiento presupuestal como respuesta al “mal” desempeño del recaudo tributario, logrando un ajuste de 20,6 billones de pesos. Sin embargo, esto no fue suficiente. “Estas medidas incluyen no solamente un mayor recorte sino un manejo del Plan Anual de Caja (PAC), dentro de la medida de lo posible, entre otras acciones”, asegura el Carf.

El impacto de estos ajustes es evidente en las cifras de ejecución presupuestal. Entre enero y noviembre, la relación entre obligaciones y apropiaciones se ubicó en un 71,1%, 8,3 puntos porcentuales por debajo del nivel observado en el mismo periodo de 2023, lo que refleja un rezago significativo en el cumplimiento de las metas fiscales.

El ajuste fiscal necesario para 2025 se estima en 52 billones de pesos - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Para el cierre de 2024, el Carf proyecta que el gasto consistente con la regla fiscal (289 billones de pesos) requerirá medidas adicionales por cerca de 40 billones de pesos, un faltante superior a los 31 billones estimados hace pocas semanas. Este déficit también se verá reflejado en los indicadores fiscales de 2025. “Los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación del próximo. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024 se traduce en una menor base de ingresos con respecto de lo que había sido proyectado”, puntualiza el organismo.

Con estos datos sobre la mesa, el Carf hizo un llamado de atención al Gobierno y a los actores económicos del país: es indispensable tomar medidas adicionales y estructurales para estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Sin una respuesta adecuada, los riesgos de liquidez y las limitaciones presupuestales podrían comprometer las políticas públicas y los proyectos clave para el desarrollo del país.