Capturan a colombiana por esclavizar venezolanos en Australia: los engañaba con ofertas de trabajo legal

Luego de que un ciudadano colombiano de 38 años fuera detenido el 14 de noviembre de 2024 en Australia, acusado de someter a un grupo de migrantes venezolanos a maltratos y explotación laboral, se conoció que el 19 de diciembre una mujer, también nacida en Colombia, fue detenida por los mismos cargos que le imputaron al connacional.

Incluso, luego de los detalles que reveló la Policía Federal Australiana (AFP por sus siglas en inglés —Australian Federal Police—) en un comunicado de prensa, se confirmó que la colombiana fue arrestada en la misma vivienda (ubicada en el suburbio de Kilburn, al norte de Adealida) hasta donde llegaron los agentes para detener al sujeto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El mismo día que se confirmó la aprehensión de la mujer de 35 años y origen colombiano, su coterráneo compareció ante un tribunal en Australa. Según lo que destacó el mensaje que compartió la Policía australiana en su cuenta de X.

“Un ciudadano colombiano residente en Australia Meridional ha comparecido hoy (19 de diciembre de 2024) ante el Tribunal de Magistrados de Adelaida, tras ser acusado por la AFP de presuntos delitos de explotación de seres humanos”, destacó el mensaje.

Según lo que explicó la detective superintendente de la AFP, Melinda Adam, la colombiana, al igual que su compatriota que fue capturado en un primer momento, enfrentan serias acusaciones en Australia por someter a un grupo de ciudadanos venezolanos a condiciones de servidumbre forzada.

En concreto, los dos delitos por lo que acusaron también a la mujer fueron los mismos que a su compañero de residencia: servidumbre por deudas (agravada) y servidumbre. Lo anterior, como resultado de las denuncias que llegaron hasta las autoridades, y que dieron inicio a una extensa investigación que permitió llevar a cabo el operativo en Adelaida.

Allí, y según lo resultados que arrojaron las pesquisas, se confirmó que los venezolanos que cayeron en sus manos, llegaron amparados en ofertas de trabajo que, a simple vista, no generaron mayores sospechas, y por eso tomaron la decisión de dejarlo todo para probar suerte al otro lado del charco. Pero lo que vivieron fue un infierno en carne propia por cuenta de los presuntos maltratos a los que fueron sometidos por el ciudadano colombiano.

Los mismos patrones que la captura del otro colombiano en Australia

El documento de la AFP detalló que el individuo habría retenido a varias personas en armarios durante días, confiscando sus pasaportes y dinero. Según lo que se conoció durante el proceso judicial, la mujer se halló en la vivienda cuando detuvieron al colombiano, por este motivo quedó vinculada a la investigación y se procedió también a detenerla.

El Tribunal de Magistrados de Adelaida formalizó las acusaciones el 15 de noviembre de 2024. La detective Adam detalló que el acusado había facilitado la llegada de los jóvenes venezolanos a Australia, aprovechando la relación de confianza que había establecido con ellos mientras trabajaban juntos en Venezuela. Los migrantes, en busca de mejores oportunidades laborales, llegaron al país oceánico en dos grupos, el primero en 2015 y el segundo en 2016, sin prever el calvario que les esperaba.

Las denuncias que desencadenaron la investigación surgieron a principios de 2024. Estas llevaron a las autoridades a realizar una inspección en la vivienda del colombiano el 14 de noviembre de 2024, donde se descubrieron las condiciones de servidumbre a las que estaban sometidos los venezolanos. La situación ha puesto en evidencia la explotación laboral y el abuso de poder que pueden sufrir los migrantes en su búsqueda de una vida mejor.

El hoy acusado no solo se aprovechó de la confianza de los jóvenes, sino que también utilizó su posición para mantenerlos en condiciones de servidumbre por deudas. Este tipo de explotación es una forma moderna de esclavitud, donde las víctimas son obligadas a trabajar bajo amenazas y coacción, sin posibilidad de escapar debido a la retención de documentos y recursos económicos.

Tras comparecer ante el tribunal, se le concedió la libertad bajo fianza con estrictas condiciones a la mujer en medio de proceso, y “se espera que ambos (tras la comparencia de su compatriota) vuelvan a comparecer ante el tribunal más adelante”, cerró el comunicado. De ser culpables en ambos delitos, la pena podría ser de hasta 20 años de cárcel.

Recomendaciones para migrantes que viven y trabajan en Australia

La AFP brindó una serie de recomendaciones para que, en caso de conocer a un familiar, amigo, o allegado que esté trabajando en Australia, y tenga sospechas sobre posibles abusos por parte de sus empleadores, pueda denunciar la situación:

• Imposibilidad de que el empleador o el gerente muestren registros de los salarios pagados a los trabajadores.
• Imposibilidad de acceder a los ingresos o ahorros.
• Si los trabajadores viven en lugares inadecuados para vivir, como edificios agrícolas o industriales, o en alojamientos hacinados o inseguros.
• No contar con un contrato laboral formal.
• Que los empleados sean obligados a trabajar jornadas muy extensas.
• No contar con elección de alojamiento.
• No poder salir de los locales de trabajo sin ser escoltados por su empleador.
• No poder moverse con libertad.
• Intentar poner orden y disciplina en los lugares de trabajo mediante multas.
• Ser sometidos a insultos, malos tratos, amenazas o violencia.
• Que el empleador no proporcione formación básica.

• Si se llega a proporcionar información en lenguas distintas de la lengua local en el lugar de trabajo.
• Que en el lugar de trabajo no tengan fijados avisos de salud y seguridad.
• Que el empresario o jefe no pueda mostrar los documentos necesarios para contratar a trabajadores de otros países.
• Contar con equipos de salud y seguridad de mala calidad o, en su defecto, no tenerlos.
• Tener equipos de trabajo diseñados o modificados para que puedan ser utilizados por niños.
• Para esto lo más recomendable es recolectar pruebas de que se infringe la legislación laboral, y que los trabajadores deben pagar las herramientas o de que se les descuentan ilegalmente de su salario los gastos de comida o alojamiento, en algunos casos.