La suspensión de los subsidios del programa Mi Casa Ya, anunciada por el Ministerio de Vivienda, generó incertidumbre entre miles de colombianos que esperaban beneficiarse de este mecanismo de apoyo a la compra de viviendas de interés social. Este programa, vigente durante casi una década, se había consolidado como una herramienta crucial para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para poblaciones vulnerables.
El Ministerio de Vivienda justificó la decisión señalando las limitaciones presupuestales del Estado y el contexto macroeconómico actual. Argumentó que las condiciones financieras, como las tasas de interés favorables en los créditos hipotecarios y la baja inflación proyectada por el Banco de la República, crearían un entorno más propicio para que las familias accedieran a créditos de vivienda sin la necesidad de subsidios. Sin embargo, estas afirmaciones no calmaron las inquietudes de quienes se encuentran en pleno proceso de trámite para obtener el beneficio.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
Una de las principales preocupaciones radica en los hogares que ya habían iniciado su solicitud. La entidad afirmó que los cupos disponibles para las coberturas a la tasa de interés están agotados, lo que significa que aquellos que no lograron la marcación correspondiente, no podrán acceder a este beneficio. Aun así, las personas que se encuentren en el estado de “Solicitante Preasignación – Cumple” en la plataforma oficial podrán mantener la reserva de su cupo de subsidio, siempre y cuando cumplan con los requisitos y haya disponibilidad presupuestal.
Es fundamental que los solicitantes no modifiquen detalles clave de su solicitud, como el constructor, el proyecto o la composición del grupo familiar, desde la preasignación hasta la asignación final. Además, deben asegurarse de realizar la solicitud de asignación dentro del periodo de vigencia establecido.
El programa Mi Casa Ya había experimentado cambios desde 2022, cuando se incorporaron criterios adicionales como la clasificación en la Encuesta Sisbén IV y condiciones especiales para madres cabeza de familia, trabajadores informales y víctimas del conflicto armado. Estas modificaciones buscaban priorizar a las poblaciones más vulnerables, aunque no estuvieron exentas de críticas. La Contraloría General de la República advirtió que dichos cambios habían dificultado la entrega de subsidios en 2023, afectando a las poblaciones objetivo del programa.
Las cifras reflejan la magnitud del impacto. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), la venta de viviendas en 2023 cayó un 44,9%, lo que representó 106.554 unidades menos respecto a 2022. Las viviendas de interés social sufrieron una contracción aún mayor, con una disminución del 54,6%. Esto se tradujo en pérdidas de aproximadamente 20 billones de pesos, afectando no solo a los compradores, también a la industria de la construcción.
Expertos como José Ignacio López, presidente del Centro de Estudios Económicos (Anif), destacan que esta situación pone de manifiesto dos problemáticas principales. Por un lado, la restricción fiscal del Gobierno limita la capacidad de financiar programas sociales y de gasto. Por otro lado, se están dejando de priorizar iniciativas como la construcción, que tienen un efecto positivo significativo en la generación de empleo y en la dinamización de la economía.
“El Gobierno puede buscar alternativas en recortes de gasto en otros programas con menor impacto económico para no afectar los subsidios. Esto no es nuevo, porque desde el año pasado se le advertía que los cambios aplicados al programa estaban afectando la velocidad de asignación de recursos”, señaló López.
A pesar de las críticas y la incertidumbre, el Ministerio de Vivienda reiteró que la manifestación de interés en el programa no constituye un derecho adquirido ni garantiza la asignación del subsidio. Esto deja a muchas familias con la sensación de que el sueño de adquirir vivienda propia podría quedar en suspenso indefinidamente.
Con este panorama, la suspensión de Mi Casa Ya no solo afecta a los beneficiarios directos, también al sector de la construcción y a la economía en general. El futuro de las iniciativas de vivienda dependerá en gran medida de las decisiones fiscales y económicas que el Gobierno tome en los próximos meses. Mientras tanto, miles de hogares esperan respuestas y soluciones que les permitan continuar con sus planes de vivienda, un derecho fundamental para mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades en el país.