Presidenta del América de Cali criticó las sanciones tras los disturbios en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional: “La gente se irá a otra tribuna”

El pasado domingo, la final de la Copa Colombia entre América de Cali y Atlético Nacional se vio empañada por graves disturbios que dejaron un saldo de 45 heridos, entre ellos 15 policías, y llevaron a la suspensión del partido en el minuto 85.

Las imágenes de aficionados invadiendo el terreno de juego en el Estadio Pascual Guerrero recorrieron el país, y las sanciones no tardaron en llegar. Sin embargo, estas han generado una fuerte controversia y críticas, especialmente por parte de Marcela Gómez, presidenta del América de Cali.

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Tras analizar los hechos, la Comisión Local de Fútbol de Cali impuso una serie de sanciones ejemplares. El club Escarlata tendrá que disputar las cinco primeras fechas del torneo local de 2025 a puerta cerrada, mientras que la tribuna sur del Pascual Guerrero, usualmente ocupada por el grupo de animación Barón Rojo, estará inhabilitada durante seis meses.

Además, se propuso la reconversión de esta zona del estadio para convertirla en una tribuna familiar, una medida que busca prevenir futuros desórdenes.

Jairo García, Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, explicó la decisión: “Habrá cierre completo del estadio por cinco fechas, a partir del 2025. También tendremos la clausura de la tribuna sur durante seis meses. Le hemos propuesto al América que en esa tribuna, que hoy es utilizada por Barón Rojo, haya una reconversión para que sea una tribuna familiar”.

La presidenta del América de Cali, Marcela Gómez, no tardó en pronunciarse sobre las medidas, calificándolas de perjudiciales no solo para el club, sino también para los aficionados y la dinámica del fútbol en la región. En declaraciones a Gol Caracol, Gómez manifestó su inconformidad con el enfoque de las sanciones, argumentando que estas no abordan el problema de fondo.

“Esto afecta muchísimo y no solamente desde las sanciones económicas, sino desde el poder tener la tribuna o la plaza cerrada. Eso nos afecta demasiado”, expresó. La presidenta también cuestionó la eficacia de estas medidas: “Siempre se sancionan los equipos, siempre se ven afectados, y las personas, al final, si cierran la tribuna, se irán a otra tribuna; si cierran el estadio, esperarán a que vuelva a abrir”.

Su argumento subraya un problema recurrente en el manejo de la seguridad en los estadios: las sanciones suelen recaer sobre los clubes y los hinchas en general, mientras que los responsables directos de los desmanes muchas veces no enfrentan consecuencias individuales.

El cierre del Pascual Guerrero durante cinco fechas representa un golpe considerable para las finanzas del América de Cali, un equipo que depende en gran medida de la taquilla y del apoyo masivo de su hinchada. Además, la inhabilitación de la tribuna sur implica una reducción significativa en la capacidad del estadio y afecta directamente a los miembros de Barón Rojo, uno de los grupos más activos en el aliento al equipo.

“Es una situación muy compleja. Entendemos la necesidad de tomar medidas, pero estas sanciones afectan de manera desproporcionada a los clubes y no resuelven el problema estructural de la violencia en los estadios”, comentó un analista deportivo local.

Los disturbios del domingo pasado también ponen en evidencia fallas en los operativos de seguridad. Aunque el Pascual Guerrero contaba con presencia policial y privada, los hinchas lograron burlar las medidas y generaron el caos que obligó a suspender el partido. Este tipo de incidentes plantea preguntas sobre la efectividad de los protocolos de seguridad en eventos masivos y la necesidad de una mayor coordinación entre los clubes, las autoridades y los hinchas.

Lo ocurrido en la final de la Copa Colombia no es un hecho aislado. La violencia en los estadios ha sido una problemática recurrente en el fútbol colombiano, con episodios similares en otros escenarios del país. Esto ha llevado a sectores de la opinión pública a exigir una revisión profunda de las políticas de seguridad y de las sanciones aplicadas, buscando soluciones que vayan más allá de las medidas punitivas.