Nuevo giro en el caso Ungrd: Sandra Ortiz ya no irá a la cárcel, estará recluida en una guarnición militar

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) volvió a dar que hablar, ya que la jueza tercera penal municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió enviar a la cárcel a la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz, implicada en la entrega de multimillonarios recursos públicos para sobornar a congresistas y conseguir que se aprobaran las reformas sociales impulsadas por el presidente de la República, Gustavo Petro.

En un principio, la togada sostuvo que se iba a acoger a la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, por lo que Ortiz debía ser trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor. Asimismo, dijo que la decisión respondía a que la ex consejera representa un peligro para otras personas, además de que si se mantiene en libertad podría llegar a influir en la investigación que adelanta el ente de control.

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Sin embargo, la jueza cambió de opinión y aclaró que la exfuncionaria no sería recluida en un centro penitenciario, sino que permanecerá en una a guarnición militar, mientras que se adelanta la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.

La medida responde a la protección de su derecho a la vida y bienestar personal. Por lo que, la togada encargó a la Policía Nacional para que se haga responsable de su cuidado y protección.

“Procedo a enviar a la señora Sandra Ortiz a una guarnición militar para que le sean resguardados su derecho a la vida y a la integridad. Se le solicita a la entidad encargada que realiza el traslado al lugar, además de que la Policía Nacional se haga responsable de su integridad”.

A su vez, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) buscar una cárcel en la que se resguarde a la ex consejera y se garantice su seguridad mientras se resuelve su proceso con la justicia.

“Le pido al Inpec encontrar un centro penitenciario en el que estén las condiciones adecuadas que garanticen la protección de los derechos de Ortiz, dado que se tiene conocimiento que no hay un pabellón en el Buen Pastor, no hay un pabellón que garantice su integridad”, sostuvo.

Las declaraciones que brindó el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López, fueron determinantes para la investigación de la Fiscalía General de la Nación en contra de Sandra Ortiz. Además de las pruebas de los chats de WhatsApp, videos y los datos de georreferenciación, por lo que el órgano de control solicitó medida de aseguramiento.

María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, también reveló apartes del interrogatorio de Olmedo López, donde mencionó a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y al senador y expresidente del Congreso Iván Name.

Patiño mostró ante la juez de Control de Garantías que, el 21 de septiembre de 2023, se llevó a cabo una reunión en la Casa de Nariño entre Olmedo López y Sandra Ortiz.

Además, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia en la audiencia indicó lo siguiente: “Manifiesta que ella (Sandra Ortiz) insistió en una adhesión presupuestal a un contrato desarrollado en el Atlántico que era del senador Name”.

“Era el equivalente a una contratación que inicialmente se había pedido por 60.000 millones de pesos para el senador Name que se cambiaban por 3.000 millones de pesos”, agregó.

Durante su intervención, la fiscal Patiño explicó que el dinero que iba a ser entregado al senador Iván Name, sería destinado para presuntamente financiar la campaña de María Clara Name (hija de Iván Name) al Concejo de Bogotá.