Fiscal negó que estén presionando a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, para que firme un principio de oportunidad

Frente a los señalamientos sobre una presunta presión de su despacho para lograr avances en el escándalo de corrupción registrado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, entregó novedades el martes 17 de diciembre de 2024. Y se refirió, en particular, al caso que afronta la ex alta consejera para las Regiones Sandra Ortiz.

Camargo, que llegó al cargo en marzo de 2024, negó que en el proceso que involucra a esta exfuncionaria se esté registrando algún tipo de injerencia para que Ortiz acepte firmar un principio de oportunidad, en el que reconozca su culpabilidad en este entramado, a cambio de entregar información relevante sobre los demás partícipes de este mediático caso, que centra la atención nacional.

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La jefe del ente acusador indicó que, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de la exconsejera, que hace parte del partido Alianza Verde y de la que se ha mencionado que era la “mensajera” del expresidente del Congreso Iván Name Vásquez, para al parecer recoger los $3.000 millones de coima que habría recibido, no se ha tenido acercamiento para negociar un principio de oportunidad.

“Lo cierto es que el escenario de invitar eventualmente a alguien a sentarse a negociar no es un escenario de presión, eso sí lo quiero (dejar claro). Además, sería bien curioso que se le esté presionando para un principio de oportunidad, porque el principio de oportunidad precisamente sucede cuando la Fiscalía renuncia al ejercicio de la acción penal”, precisó Camargo sobre este caso.

Y explicó que, por lo general, son los investigados -y no la entidad- los que buscan acceder a una medida de este tipo. "Nosotros queremos sentencias condenatorias, preacordadas, pero condenatorias. Sentencias, no principios de oportunidad“, remarcó la jefe del órgano de investigación, sobre la cual han caído algunas críticas por su labor, a nueve meses de haber tomado posesión del cargo.

Es válido precisar que la exfuncionaria del Gobierno Petro afronta un proceso en el que es acusada de haber cometido los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, toda vez que habría participado en el proceso de entrega de la multimillonaria comisión para el extitular del legislativo; de acuerdo con los testimonios entregados por Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y su exsubdirector del manejo del Riesgo Sneyder Pinilla.

El miércoles 18 de diciembre, durante la reanudación de la mencionada diligencia judicial, una jueza de control de garantías definirá si envía o no a la cárcel a Ortiz, en caso de que se determine que, además de ser un peligro para la justicia, se dictamina que por su condición de ex alta funcionaria del Ejecutivo podría representar un obstáculo para la justicia.

En ese sentido, Ortiz se declaró inocente y habló del impacto psicológico que este tema ha causado en los miembros de su familia, entre ellas su hija. Además, alegó que desde que dejó su puesto en el Gobierno lleva ya siete meses sin poder emplearse, debido a las implicaciones de este megacaso, que según ella ha afectado la reputación.

“Todos hoy estamos en citas con psicólogos, psiquiatras. Mi hija casi pierde el año, estoy aquí frente y mirándola a usted, señora juez, para decirle que soy una mujer inocente, que voy a luchar por mi inocencia y quiero defenderme en libertad”, afirmó la exconsejera, que dejó su cargo ante la gravedad de los señalamientos en su contra, en renuncia que aceptó el presidente de la República, Gustavo Petro.