El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, le respondió de manera tajante a las acusaciones del senador Miguel Uribe, que tras ganar una tutela en contra de la entidad, afirmó que la ANT había mentido sobre la cantidad de tierras adquiridas para campesinos en el país.
Uribe, del partido Centro Democrático, denunció que la ANT había afirmado la compra de más de 220.000 hectáreas, cuando en realidad solo se habían adquirido 52.909, es decir, un 24% de lo que se había anunciado.
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El congresista exigió una investigación sobre la difusión de esta información falsa, así como el gasto excesivo en publicidad pagada con recursos públicos. Uribe aseguró que la ANT contrató con Rtvc por 13.800 millones de pesos para difundir estos datos erróneos, además de señalar un aumento desproporcionado en los contratos de prestación de servicios.
Sin embargo, la respuesta de Harman no se hizo esperar. En una declaración tajante, el director de la ANT calificó como “sorprendente” que Uribe, aspirante presidencial, mostrara una “poca capacidad lectora”.
Según Harman, el senador había omitido varios datos claves en su análisis, como las 132.000 hectáreas comprometidas en procesos de saneamiento o registro de pagos, las 2.240 hectáreas donadas directamente por el gobierno, y las 10.598 hectáreas obtenidas a través de la extinción de dominio, que suman un total de 198.428 hectáreas, lo que elevaría la cifra total a más de 400.000 hectáreas adquiridas, según el director de la ANT.
Harman destacó que la ANT ha avanzado significativamente en la compra y formalización de tierras durante la administración del presidente Gustavo Petro, subrayando que en los últimos dos años se han adquirido 410.277 hectáreas para campesinos y comunidades étnicas, superando por cinco veces las compras de tierras realizadas por la administración anterior.
Además, recalcó que en 2024 se alcanzó un 90% de ejecución presupuestal y que más de 1.200.000 hectáreas han sido formalizadas en beneficio de las comunidades rurales.
El director de la ANT hizo un llamado al senador Uribe a asumir con responsabilidad su rol en el debate público y a utilizar las cifras correctas, asegurando que la agencia está dispuesta a aclarar cualquier duda sobre los datos presentados.
Por su parte, la ANT también emitió un comunicado en el que reiteró que la información divulgada sobre la compra de tierras es pública y accesible a través de sus plataformas oficiales, y que el gobierno sigue comprometido con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la justicia agraria para las comunidades rurales.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Agricultura y la ANT resaltaron los logros alcanzados durante los dos primeros años del gobierno de Gustavo Petro.
Se informó que, durante este tiempo, se han adquirido un total de 410.277 hectáreas destinadas a campesinos, comunidades afrodescendientes e indígenas, un avance significativo en la política de redistribución de tierras.
Esta cifra incluye compras directas de tierras, así como transferencias de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), donaciones de particulares, adquisiciones para comunidades afro e indígenas, y la recuperación de tierras en procesos agrarios.
Además, el comunicado destacó que el gobierno ha adquirido cinco veces más tierras que la administración anterior, y subrayó que en 2024 la Agencia Nacional de Tierras logró una ejecución presupuestal del 90%.
También se informó que, en el marco de la reforma rural integral, más de 1.200.000 hectáreas han sido formalizadas a favor de campesinos y comunidades étnicas, lo que supera ampliamente los logros alcanzados por gobiernos anteriores.
Preocupación de la Procuraduría por la gestión de la ANT
En medio de esta polémica, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, ha expresado su preocupación por la gestión presupuestal de la Agencia Nacional de Tierras, alertando sobre una deficiente ejecución de los recursos destinados a la compra de predios.
Según Cabello, de un total de un billón 261 mil millones de pesos disponibles, solo se ha ejecutado el 33%, lo que ha resultado en un traslado de 645 mil millones de pesos al Fondo Colombia en Paz sin haber sido utilizados.
La procuradora hizo estas declaraciones durante la sesión técnica de evaluación del cumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucional en relación con la política de tierras.
En su intervención, resaltó que, aunque la puesta en funcionamiento de la jurisdicción agraria es un avance para la reforma rural integral, aún es necesario asignar competencias claras y específicas a los jueces agrarios para que se justifique la existencia de reglas y principios propios de esta jurisdicción.
Cabello también se refirió a la implementación del catastro multipropósito, que ha estado muy lejos de alcanzar las metas. A la fecha, solo se ha actualizado el 12,4% del área priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que representa un considerable rezago respecto a la meta del 70% de todo el territorio nacional. De los 598 municipios proyectados, solo 141 cuentan con catastro actualizado.
La Procuraduría también expresó preocupación por la falta de claridad en los datos del Fondo de Tierras, que, aunque señala que posee 2.366.550 hectáreas, carece de la caracterización adecuada de los terrenos, lo que impide una correcta identificación de aquellos que están destinados a la adjudicación o formalización.
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