Nuevo asesor del Ministerio de Salud fue presidente de la Nueva EPS, intervenida por problemas financieros

Pocas horas antes de que comience en la Cámara de Representantes la discusión de la nueva reforma a la salud que plantea el Gobierno nacional, se conoció que en la página de aspirantes de la Presidencia apareció la hoja de vida de una nueva ficha de Gustavo Petro.

Se trata de Aldo Cadena, expresidente de la Nueva EPS, que ahora ha sido nombrado asesor del Ministerio de Salud de Colombia, donde trabajará junto al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, según información compartida por el senador Andrés Forero, del Centro Democrático.

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“Tras su breve paso por la presidencia de Nueva EPS antes de la intervención de Luis Carlos Leal, Aldo Cadena será premiado por Guillermo Alfonso Jaramillo como Asesor 18 en el Ministerio de Salud con una asignación básica mensual de $16 M. ¿El ministro está ubicando a sus compadres antes de renunciar?“, cuestionó el congresista.

Este nombramiento se produce después de que Cadena y toda la junta directiva de la Nueva EPS fueran relevados en abril de este año tras una intervención de la Superintendencia de Salud.

Cadena, abogado con especialización en Derecho Laboral y Administrativo de la Universidad Libre, ha estado en el centro del debate público desde febrero, cuando el Gobierno de Gustavo Petro lo designó presidente de la Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país. En ese momento, el primer mandatario le encomendó la tarea de priorizar la construcción de un sistema preventivo de salud pública a nivel nacional.

El historial de Cadena incluye su participación en el M-19, su liderazgo sindical y su rol como secretario de Salud durante la administración de Bogotá Humana, del entonces alcalde Petro. Sin embargo, su trayectoria también está marcada por controversias, especialmente durante su tiempo en la junta directiva de Capital Salud, donde se le atribuyen decisiones que casi llevaron a la quiebra a la entidad.

Incluso, una auditoría forense realizada por la firma Kpmg reveló que, en el último año de la administración de Petro como alcalde de Bogotá, Cadena y el entonces gerente de Capital Salud Alaín Jiménez incurrieron en irregularidades dentro de la EPS.

Estas incluyeron la celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales, la firma de contratos sin supervisión o pólizas, y la adjudicación de procesos con un único oferente, lo que resultó en deudas por 480.000 millones de pesos a 14 de los 22 hospitales de la ciudad.

De los 37 contratos revisados por Kpmg, 23 fueron otorgados por contratación directa, mientras que solo 10 se adjudicaron mediante licitación pública. Los contratos directos representaron un gasto de más de 31.000 millones de pesos, en comparación con los 14.000 millones de pesos de los contratos licitados.

La intervención de la Superintendencia de Salud en la Nueva EPS, que llevó a la salida de Cadena, fue seguida por la designación de Jesús Alberto Rincón como primer interventor, quien fue reemplazado en noviembre por Bernardo Armando Camacho.

Aldo Cadena generó revuelo a comienzos del 2024 cuando el Gobierno nacional lo nombró gerente de Nueva EPS, pues enfrenta cuestionamientos por su gestión pasada en Capital Salud, donde decisiones tomadas durante su tiempo en la junta directiva casi llevaron a la quiebra a la entidad.

Según una auditoría forense realizada por Kpmg, se reveló que los contratos adjudicados mediante licitación no fueron completamente transparentes, ya que en todos los casos hubo un único proponente sin justificación, lo que vulneró los principios de pluralidad e imparcialidad, según información obtenida por Cambio.

La gestión de la gerencia de Capital Salud en 2015 fue calificada como deficiente y perjudicial para los intereses financieros de la entidad, concluyendo que hubo una clara violación al Estatuto Anticorrupción.

A pesar de que años después se logró recuperar a la EPS con una capitalización de más de 400.000 millones de pesos y la Superintendencia de Salud levantó la medida de intervención, se descubrió que más de 800 personas fueron contratadas sin justificación, lo que, según Morales, causó un daño significativo a la entidad.