Reforma política enfrenta crisis: Senado firmó archivo del proyecto tras proposición de Jota Pe Hernández

El debate sobre la reforma política y electoral en Colombia tomó un giro decisivo luego de que el senador Jonathan Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández, presentara una proposición para archivar el proyecto de acto legislativo No. 019 de 2024 Senado - No. 336 de 2024 Cámara. Este proyecto, que buscaba implementar cambios significativos en las reglas del juego político, enfrenta ahora un fuerte rechazo por parte de varios sectores del Senado, bajo el argumento de riesgos para la democracia participativa y la transparencia.

La proposición liderada por Hernández, y respaldada por otros senadores, apunta a desmantelar un artículo clave de la reforma que permitía otorgar personerías jurídicas y financiamiento estatal a partidos y movimientos sin necesidad de alcanzar el umbral electoral actualmente exigido. De ser aprobada esta reforma, organizaciones como el partido Comunes, nacido tras el acuerdo de paz con las Farc, podrían haber mantenido beneficios considerables sin el respaldo electoral requerido.

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En la comunicación dirigida al presidente de la plenaria del Senado, Efraín Cepeda, Hernández argumentó que “se están modificando aspectos y disposiciones constitucionales cruciales” que afectarían directamente la pluralidad política y la transparencia. Uno de los puntos críticos es la eliminación de los grupos significativos de ciudadanos como organización política individual. Estos grupos quedarían subsumidos dentro de los “movimientos políticos”, lo que, según la proposición, limitaría la participación política de iniciativas independientes y contravendría los principios constitucionales de pluralidad y representación democrática.

El texto también advierte sobre los riesgos relacionados con el financiamiento de los partidos políticos con recursos predominantemente públicos. De acuerdo con Jota Pe Hernández, esta disposición podría comprometer la sostenibilidad de los recursos del Estado en un país con necesidades prioritarias en sectores como la salud, la educación y la seguridad. Además, se señala que no se establecen mecanismos claros para garantizar la transparencia ni evitar el uso indebido de estos recursos, lo que podría derivar en una mayor dependencia de los partidos hacia el financiamiento estatal y una disminución de su autonomía.

Otro punto de controversia es la implementación de listas cerradas y bloqueadas, que, según el documento, reducirían la capacidad de los ciudadanos para elegir directamente a los candidatos de su preferencia. Este modelo concentraría el poder de decisión en las cúpulas partidistas, al limitar la democracia participativa y desincentivando la participación ciudadana en un contexto de desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas.

La reforma también incluye restricciones adicionales para las coaliciones entre partidos y movimientos políticos. Se establece que estas solo podrán realizarse si las organizaciones suman al menos el 30% de los votos válidos, un incremento significativo frente al 15% actual. Según el senador Hernández, esta medida pone en desventaja a las organizaciones minoritarias, que ya enfrentan dificultades para competir en igualdad de condiciones con los partidos tradicionales.

En este sentido, la eliminación del voto preferente y la obligatoriedad de listas cerradas limitarían la representación directa y excluirían liderazgos individuales. “El voto preferente, desde la Constitución de 1991, ha sido una herramienta que habilita la participación democrática de los ciudadanos”, señala la proposición, enfatizando que su eliminación afectaría los derechos de elegir y ser elegido.

El archivo del proyecto podría significar un golpe significativo para sectores políticos que impulsaron la reforma, entre ellos el Pacto Histórico, que buscaba avanzar en su agenda de consolidación política y electoral. También se verían afectados partidos como Comunes, que podrían perder los beneficios derivados de las disposiciones que facilitaban el acceso a personerías jurídicas y financiamiento estatal sin cumplir el umbral electoral.

El texto fue firmado, además por el líder de la proposición, por Paola Holguín, David Luna, Humberto de la Calle, Paloma Valencia, Mauricio Gómez, Fabián Díaz, Germán Blanco, Esteban Quintero Cardona, junto a otros senadores.