Les estaban dando carne de caballo y de burro a los niños en el Plan de Alimentación Escolar: descubrieron matadero clandestino

En trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, se logró la captura de ocho presuntos miembros de una red criminal dedicada al sacrificio ilegal de animales en un matadero clandestino, ubicado en la vereda Sasa, en Chiquinquirá (Boyacá).

De acuerdo con las investigaciones, la organización operaba un establecimiento ilegal donde sacrificaba reses, caballos y asnos en condiciones insalubres, distribuyendo la carne contaminada a varios municipios de Boyacá y Cundinamarca. Además, la red abastecía a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), cárceles, plazas de mercado y otros comercios.

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Durante las pesquisas, se descubrió que los animales sacrificados no solo estaban enfermos y en malas condiciones, sino que el matadero carecía de los permisos necesarios para operar.

A través de un comunicado, la Fiscalía señaló que “la estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad”.

Además, según con los elementos materiales probatorios, la carne ilegal sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota (Cundinamarca) y Bogotá.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) también participó en las diligencias y confirmó que los productos ofrecidos por esta banda delictiva no eran aptos para el consumo humano.

La información brindada por las autoridades reveló que los procesados por estos actos delictivos fueron identificados como Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García. Los sujetos serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas y por esto, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Por su lado, John Anderson Pineda Ortegón, trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores, el juez de garantías les impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria.

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, fue desmantelada la organización criminal conocida como Los Clandestinos, dedicada a actividades ilícitas relacionadas con el sacrificio de ganado enfermo y maltratado en Antioquia.

Las autoridades informaron que esta red operaba en Medellín y su área metropolitana, adquiriendo animales en condiciones deplorables de salud en ferias ganaderas. Los animales, muchos de ellos golpeados o enfermos, eran transportados a mataderos clandestinos donde eran sacrificados sin cumplir con ningún protocolo sanitario, lo que ponía en grave riesgo la salud pública.

La carne obtenida en estos mataderos ilegales era almacenada de manera insalubre y transportada en vehículos improvisados que no cumplían con los requisitos de cadena de frío, para finalmente ser distribuida en establecimientos comerciales de la región. Esto representaba una amenaza directa para la salud de los consumidores.

Además, el impacto ambiental de las actividades de la banda fue significativo. En los lugares de sacrificio, se vertían líquidos contaminantes en cuerpos de agua y se abandonaban residuos sólidos que alteraban el suelo y perjudicaban los ecosistemas locales.

Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de la organización: Juan Carlos Cardona Atehortúa, Robinson Alberto Marín Pérez, Carlos Armando Osorio Cañas, Juan Gonzalo Mesa Avendaño y Rigoberto de Jesús Tobo Marín.

Durante las diligencias se incautaron tres armas de fuego, 11 cartuchos y dos toneladas de carne bovina lista para su distribución. Además, se encontró a un menor de edad en uno de los sitios intervenidos, quien fue trasladado a la Policía de Infancia y Adolescencia.

El caso fue asumido por un fiscal especializado en el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), quien imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, corrupción de alimentos, daño en los recursos naturales, porte de armas de fuego y uso de menores de edad en actividades delictivas.