La gestión de seguridad durante el primer año de la administración de Carlos Fernando Galán fue el tema abordado en la sesión de control político del Concejo de Bogotá, en el que se hicieron fuertes críticas a la cartera dirigida por el secretario César Restrepo, por parte de varos cabildantes.
De acuerdo con algunos voceros, la inseguridad se le salió de las manos al alcalde antes de concluir 2024, con las cifras más altas de violencia en la ciudad, y un panorama nada alentador para 2025. A esto se le sumaría el poco pie de fuerza con el que contaría la capital para el año próximo.
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Una de las voces que se alzó en contra de la gestión en seguridad por parte del Distrito Capital fue la del concejal Julián Uscátegui. El cabildante indicó que una de las principales causadas de inseguridad en la ciudad es la falta de activos de la policía.
Según el concejal, la ciudad tiene la cifra más baja de uniformados de las últimas cuatro administraciones distritales, con 15.865 efectivos. Señalando, además, que los estándares internacionales sugieren tener un policía por cada 300 habitantes; en el caso de la capital, hay un policía para cada 506 habitantes, registrando un déficit de pie de fuerza de 10.917 uniformados.
Uscátegui mencionó que dentro del Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia anunció que contrataría 2.000 nuevos policías; sin embargo, comentó que el secretario de dicha cartera señaló recientemente que si bien la administración cuenta con los recursos, aún no existe un modelo definido para contratarlo; dado que, se requiere un nuevo marco normativo, que debería expedirse y avalarse desde el Ministerio de la Defensa Nacional.
“El alcalde Galán le pidió al Concejo de Bogotá 321.000 millones de pesos para contratar 2.000 policías y ahora resulta que no se puede porque depende de un nuevo marco normativo que debería ser avalado e implementado por el Ministerio de la Defensa Nacional. El alcalde tiene los recursos para actuar. No debería seguir dependiendo del Presidente Petro, que ya ha dejado claro su intención de sabotear a la ciudad” aseguró Uscátegui.
Para el cabildante, en el presupuesto de 2025, solo se dejó un 2,21% para el sector de seguridad, a pesar de que el pie de fuerza es insuficiente. Por lo que, el concejal agregó que las capacidades operativas de la Policía están reducidas, con más de 1.700 vehículos fuera de servicio, sin tecnología y asimismo, con altos niveles de hacinamiento carcelario.
Por su parte, el cabildante Óscar Ramírez Vahos instó que la ciudad debe ejecutar acciones contundentes y pasar de planes pilotos a la acción en contra de la inseguridad. “Bogotá afronta una grave crisis de seguridad y los recursos no se están invirtiendo”, expresó, agregando que la capital requiere soluciones tecnológicas urgentes que fortalezcan la gestión que realizan las autoridades en el territorio.
Además del déficit del pie de fuerza, Vahos sumó la necesidad de recuperar el control territorial que las bandas delincuenciales han venido ganando. Para lograrlo, propuso la inversión en materia tecnológica que permitiría una reacción más pertinente por parte de las autoridades en tiempo real.
Vahos se refirió a la incapacidad de la Secretaría de Seguridad para ejecutar el presupuesto, la cual se evidenció en una falta de planeación estratégica y una baja ejecución contractual, con mayor enfoque en las actividades relacionadas con las tecnologías. El concejal denunció que se cumplieron 150 días de retraso para la instalación de las 200 cámaras de reconocimiento facial ya adquiridas que permanecen guardadas en un almacén.
“Son enormes los desafíos que tiene la ciudad y que ameritan que la Secretaría de Seguridad ejecute de la mejor manera su presupuesto. Gobernar es hacer y no tiene presentación que se muestre institucionalmente incapaz para ejecutar su presupuesto”, puntualizó el concejal Vahos.
Para mitigar la inseguridad en 2025, el concejal Uscátegui invitó a la administración a poner en marcha las propuestas y compromisos adquiridos como la dotación con herramientas a la Policía Metropolitana de Bogotá, eliminación de beneficios para los vándalos, construcción de una megacárcel para descongestionar las URI, fortalecimiento de los frentes de seguridad, celebración de un convenio interadministrativo con la Fiscalía para la realización de allanamientos exprés, así como la integración de Veteranos y Guardas de Seguridad a la estrategia contra el crimen.